Italia ha puesto cifras oficiales a una realidad que lleva años percibiéndose en sus calles y comisarías. Los últimos datos del Ministerio de Justicia, publicados por Antigone, confirman que el 49,9% de los reclusos en centros de menores son extranjeros, pese a que los inmigrantes representan únicamente el 9% de la población total. En las cárceles para adultos, la tendencia se repite: uno de cada tres presos (32%) no tiene nacionalidad italiana.

El estudio advierte de una sobrerrepresentación persistente y creciente. En 40 prisiones ya hay mayoría de internos extranjeros, incluidos centros importantes como San Vittore en Milán, Sollicciano en Florencia o las cárceles de Padua, Verona, Modena y Cuneo. En varias de ellas, el porcentaje supera incluso el 70%, un dato que refleja un desajuste estructural que el sistema penitenciario italiano no logra absorber.

La periodista Francesca Totolo, una de las analistas que ha revisado los datos, sostiene que estas cifras son fundamentales «para anticipar los desafíos de seguridad que afrontará Italia en los próximos años y para demostrar la urgencia de políticas de remigración».

El desequilibrio se agrava cuando se analizan los delitos más graves. Los extranjeros constituyen el 41% de los condenados por delitos sexuales, el 32% por delitos violentos contra las personas, el 29% por delitos contra la propiedad y el 27% de los casos de violencia doméstica. En trata y explotación, la cifra se dispara hasta el 83%. Además, la población reclusa extranjera es significativamente más joven: la mayoría tiene entre 25 y 39 años, mientras que entre los italianos predominan los internos de mayor edad.

El perfil criminológico también muestra un dominio extranjero en las penas cortas: casi la mitad de las condenas inferiores a un año corresponden a personas de origen no italiano. Por ese motivo, la propuesta del Gobierno de excarcelar anticipadamente a más de 10.000 internos con menos de 24 meses pendientes beneficiaría de manera especial a este grupo.

Italia convive hoy con 5,3 millones de extranjeros, un aumento marcado por la llegada de comunidades de Oriente Medio, Asia y el norte de África. La correlación entre ese cambio demográfico y el peso de la criminalidad extranjera es ya un eje central del debate político y social en el país.