La Policía de Warwickshire, un condado del centro de Inglaterra, ha admitido haber ocultado el estatus migratorio de dos hombres acusados de delitos sexuales contra una menor, en un caso que ha provocado indignación en el Reino Unido y acusaciones de “encubrimiento” por parte del partido Reform UK.

Los hechos ocurrieron el mes pasado en Nuneaton, una localidad situada al norte del condado. Ahmad Mulakhil, de 23 años, ha sido acusado de dos cargos de violación, mientras que Mohammad Kabir, también de 23, enfrenta cargos de secuestro y estrangulamiento. Ambos comparecerán ante el Tribunal de la Corona de Warwick el 23 de agosto.

La polémica ha estallado después de que George Finch, líder reformista de 19 años del consejo del condado de Warwickshire, denunciara que los acusados son afganos y que a los vecinos «no se les había contado la historia completa». A raíz de sus declaraciones, la fuerza policial confirmó en un comunicado que no revelará el estatus migratorio de los sospechosos, pese a haberlo admitido en privado al concejal.

En una carta pública dirigida a Finch, el jefe de policía Alex Franklin-Smith defendió la decisión alegando que siguen «las directrices nacionales» y que la información saldrá a la luz «como parte del proceso judicial». También confirmó que Finch ya había recibido la información de forma confidencial y que conocía que al menos uno de los sospechosos era solicitante de asilo.

«La Policía de Warwickshire no encubrió ni encubrirá tal criminalidad», aseguró el jefe policial, añadiendo que ha solicitado al Ministerio del Interior que confirme oficialmente el estatus migratorio de ambos individuos, implicados en lo que calificó como un “crimen verdaderamente horrible”.

El caso ha avivado un debate candente en el Reino Unido sobre la falta de transparencia en torno al origen y la situación legal de los sospechosos de delitos graves, especialmente cuando están implicados inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo.

Actualmente, no existe una guía nacional clara sobre cómo y cuándo las fuerzas policiales deben divulgar la etnia o el estatus migratorio de los acusados, quedando la decisión en manos de cada jefe de policía.

El Gobierno de Rishi Sunak se enfrenta a la presión para endurecer las normas. La ministra del Interior, Yvette Cooper, declaró en BBC Breakfast que está «acelerando» una revisión de las directrices, porque quiere “más transparencia” por parte de las fuerzas del orden.

Tanto Cooper como el líder laborista Sir Keir Starmer han pedido que se facilite más información al público. No obstante, la Comisión de Derecho no publicará su revisión hasta otoño, lo que podría retrasar cualquier cambio hasta finales de año.

Mientras tanto, las fuerzas policiales se enfrentan a un dilema: entre cumplir unas normas que aún no se actualizan y una ciudadanía cada vez más crítica con el secretismo en casos que conmocionan a la sociedad.