La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo (AFCO) ha presentado un informe sobre las elecciones europeas de 2024 que, bajo la premisa de «modernizar la democracia europea», propone una batería de medidas que refuerzan el poder central de Bruselas, homogenizan los procesos electorales y restringen la pluralidad política real en el seno de la Unión.

El texto, elaborado por la eurodiputada Lubica Karvasová (Renew Europe), destaca que la participación alcanzó el 50,74 %, la más alta en 25 años, aunque sigue por debajo del 56,67% registrado en 1994. La disparidad entre Estados fue notable, con tasas entre el 89,01% y el 21,35%. Además, pese a la ampliación del derecho de voto a los 16 años en varios países, la participación juvenil descendió del 42 % al 36 %, un dato que el informe identifica como «prioritario» para próximas reformas.

Más allá de estos números, el documento plantea un rediseño del sistema electoral común. Se propone fijar un día único de votación, establecer una edad mínima uniforme para votar y facilitar el voto por correo o delegación para los ciudadanos que residen en otros países.

El Parlamento defiende que estas medidas reducirán la fragmentación y reforzarán la dimensión «transnacional» del proceso democrático. Sin embargo, desde el grupo Patriotas por Europa se advierte que este tipo de reformas suponen un paso más en la pérdida de soberanía de los Estados, al imponer un modelo electoral único que ignora las diferencias culturales, políticas y jurídicas de cada país.

Otro eje del informe es la consolidación del sistema Spitzenkandidat, que vincula la elección del presidente de la Comisión al partido más votado. Se considera avanzar hacia una elección directa en el futuro, lo que implicaría una modificación sustancial de los Tratados. Además, se reclama para el Parlamento el derecho de iniciativa legislativa, una mayor capacidad de investigación y un papel más decisivo en el nombramiento de los comisarios.

Los Patriotas por Europa denuncian que este planteamiento no responde a una mejora democrática real, sino a la voluntad de las élites institucionales de blindar el control político desde el centro y reducir el peso de los pueblos en las grandes decisiones. Recuerdan que el sistema Spitzenkandidat excluye a las fuerzas euroescépticas, que no cuentan con acceso a las presidencias de comisiones ni a puestos clave en la Eurocámara.

El informe plantea también un refuerzo normativo en la lucha contra la desinformación. Se menciona la necesidad de aplicar de forma estricta el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), el Código reforzado de desinformación, el AI Act, la regulación de publicidad política y el futuro European Media Freedom Act. Se alude de forma directa a la red social X/Twitter como plataforma donde se han detectado «problemas significativos».

Aunque se afirma que el objetivo es «proteger la democracia», el grupo Patriotas por Europa recuerda que la Unión no ha definido legalmente qué entiende por desinformación, lo que abre la puerta a una interpretación arbitraria y al uso de estos mecanismos como herramientas de censura. Cuestionar a las instituciones, señalan, no es una amenaza, sino una necesidad democrática.

En cuanto a la representación, el informe lamenta que sólo el 38,6% de los eurodiputados sean mujeres y que los menores de 30 años ocupen apenas el 10% de los escaños. Se proponen medidas específicas para mejorar la presencia de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. También se recuerda que 11 países aplican cuotas de género. Desde PFE se alerta del riesgo de caer en un modelo de representación artificial basado en identidades, en lugar de reflejar fielmente la voluntad popular.

El documento aborda además la financiación política europea. Se propone reforzar los partidos y fundaciones europeas, aumentar su visibilidad y prohibir donaciones extranjeras, obligando a declarar todas las fuentes de financiación. Aunque estas medidas pretenden mejorar la transparencia, los Patriotas recuerdan que se destinan fondos públicos –43 millones de euros– a promover únicamente la narrativa integracionista, excluyendo a medios y actores que defienden una Europa de naciones soberanas.

Por último, ante la posible ampliación de la UE a más de 30 Estados, se plantea reformar los mecanismos de gobernanza para hacer más ágil la toma de decisiones. Para los Patriotas, esto supondría más burocracia, más control desde arriba y menos espacio para la libertad política.

Frente a este modelo, Patriotas por Europa ha presentado una resolución alternativa que exige respeto a los sistemas nacionales, control real sobre el voto por correo, transparencia en la financiación de ONG y reconocimiento político pleno para las fuerzas euroescépticas. «La democracia no se protege censurando ni uniformando. Europa no se construirá contra las naciones, sino con ellas», concluye el documento.