Durante 2025, Baja Sajonia tenía previstas 3.351 deportaciones, pero sólo logró ejecutar 1.242
Inmigrantes. Redes sociales
Por Bárbara Saavedra
29 de septiembre de 2026
Una investigación basada en miles de páginas de documentos internos de las autoridades de Baja Sajonia ha abierto un nuevo frente político en Alemania al señalar posibles conflictos de interés dentro del organismo encargado precisamente de ejecutar las deportaciones de inmigrantes sin derecho de permanencia.
La serie, bautizada por el medio alemán NIUS como «Abschiebe-Leaks» —las filtraciones de las deportaciones—, sostiene que empleados con responsabilidades dentro de la Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI), la autoridad regional de acogida y retorno, mantuvieron o habían mantenido vínculos con movimientos y organizaciones relacionados con la política migratoria. El medio investiga además si determinadas expulsiones pudieron ser retrasadas o frustradas deliberadamente, algo que por el momento no ha sido probado. La polémica llega sobre un problema que sí está reconocido oficialmente.
Durante 2025, Baja Sajonia tenía previstas 3.351 deportaciones, pero sólo logró ejecutar 1.242. Las otras 2.109 no se completaron, lo que supone aproximadamente un 63% de fracaso. El Ministerio regional del Interior atribuyó buena parte de esos casos a personas que habían desaparecido, salidas voluntarias previas, falta de documentación o problemas de cooperación con los países de origen.
La propia LAB reconoce que es la autoridad que asume de forma originaria en Baja Sajonia la ejecución de las expulsiones y que su departamento de retorno organiza los traslados por vía aérea, terrestre y marítima.
Un antiguo activismo político bajo escrutinio
Uno de los casos destacados por NIUS afecta a una responsable del área de deportaciones identificada por el medio únicamente como Jasmin P. Según la investigación, antes de incorporarse a la Administración había participado en las juventudes del SPD, los Jusos, y aparecía públicamente vinculada a campañas políticas de esa organización durante la pasada década. Posteriormente trabajó en los servicios de protección constitucional de Baja Sajonia antes de asumir responsabilidades relacionadas con las deportaciones.
La militancia política anterior de un funcionario no demuestra por sí misma ninguna actuación irregular en el ejercicio de su cargo. NIUS, sin embargo, plantea si existe un posible conflicto entre aquellas posiciones políticas y las actuales responsabilidades administrativas. La autoridad regional rechazó responder a preguntas específicas sobre su personal alegando protección de datos.
Un funcionario fotografiado con una ONG migratoria
El segundo caso afecta a otro jurista de la Administración, identificado como Marius G., al que NIUS sitúa también en puestos relevantes relacionados con el cumplimiento de las expulsiones. El medio ha localizado fotografías en las que aparece junto a integrantes de Statefree e.V., una organización dedicada a defender los derechos de las personas apátridas y a impulsar cambios legislativos relacionados con ciudadanía y migración.
El registro oficial de grupos de interés del Bundestag confirma que Statefree está inscrita como ONG y que trabaja en ámbitos como asilo, protección de refugiados, derecho de extranjería, integración y migración. En 2025 declaró entre 180.001 y 190.000 euros de gastos relacionados con representación de intereses ante las instituciones.
La organización ha participado además en debates parlamentarios sobre cómo facilitar el reconocimiento jurídico de las personas apátridas y ha celebrado públicamente que algunas de sus propuestas hayan sido incorporadas a reformas de la legislación migratoria alemana.
No obstante, la mera presencia de Marius G. en actos o fotografías de Statefree no demuestra que pertenezca a la organización ni que haya interferido en ningún procedimiento de expulsión. El propio NIUS reconoce que no ha podido determinar cuál era exactamente su relación con la entidad. NIUS
La muerte de una adolescente vuelve a poner el foco sobre el sistema
Las filtraciones han adquirido mayor repercusión porque uno de los expedientes examinados es el del iraquí Mohammed A., sobre quien existía una orden de traslado a Lituania bajo el sistema europeo de Dublín y que posteriormente quedó relacionado con la muerte de una joven de 16 años en la estación de Friedland.
El caso ya había provocado una investigación política meses antes de estas filtraciones.
En una respuesta oficial al Parlamento regional, el Gobierno de Baja Sajonia reconoció que la autoridad de acogida había decidido no recurrir una resolución judicial que rechazaba mantener al hombre detenido para su traslado.
La propia Administración admitió posteriormente que esa decisión, vista con la información disponible después, resultaba «no comprensible» y que el recurso debería haberse presentado.
El Ejecutivo reconoció incluso que, con una tramitación óptima, no podía descartarse que hubiera existido tiempo suficiente para resolver el recurso antes de su puesta en libertad.
NIUS sostiene ahora, apoyándose en correos y formularios internos, que la cadena de fallos fue mucho más extensa y que determinadas solicitudes de deportación quedaron incompletas durante meses. Esa reconstrucción procede de documentos a los que el medio afirma haber tenido acceso y todavía no ha sido corroborada íntegramente por una investigación oficial independiente.
Ya hubo polémica por una instrucción sobre deportaciones fallidas
La LAB arrastraba además una controversia anterior. En 2024 trascendió una comunicación enviada a la Policía Federal que explicaba que una persona cuya deportación fracasara por resistencia podía quedar en libertad si no existía una orden judicial que justificara su detención.
La propia autoridad regional terminó reconociendo que el escrito estaba redactado de manera «extremadamente equívoca e imprecisa», aseguró que no se trataba de una instrucción general para liberar a quienes se resistieran a ser deportados y anunció que dejaría de utilizarlo.
La Administración recordó entonces que la legislación alemana obliga a obtener autorización judicial para mantener privada de libertad a una persona cuando fracasa una deportación.
2.109 expulsiones fallidas en un año
El problema trasciende, en cualquier caso, los expedientes individuales. De las 3.351 deportaciones programadas desde Baja Sajonia durante 2025, sólo el 37% llegó a ejecutarse.
El Ministerio del Interior insiste en que existen numerosos obstáculos ajenos a los funcionarios: extranjeros ilocalizables, falta de documentos de viaje, decisiones judiciales, problemas administrativos y países de origen que se niegan o tardan en aceptar a sus nacionales.
Las filtraciones plantean ahora una cuestión distinta: si, además de esos obstáculos conocidos, existieron dentro de la propia Administración errores evitables, conflictos de interés o decisiones que contribuyeron a frustrar algunas expulsiones.
Hasta ahora no existe una conclusión oficial que permita afirmar que funcionarios de Baja Sajonia sabotearan deliberadamente deportaciones.
Pero la combinación de una tasa de fracaso del 63%, errores reconocidos por el propio Gobierno regional y los documentos internos publicados ha aumentado la presión sobre la ministra del Interior de Baja Sajonia, la socialdemócrata Daniela Behrens, para que aclare qué ocurrió dentro del organismo encargado de ejecutar las expulsiones.
Y NIUS asegura que los documentos publicados hasta ahora son únicamente la primera parte de una investigación que continuará revelando nuevos expedientes.