Los beneficiarios extranjeros de asistencia social en hogares con hijos menores recibieron en 2025 más de 12.200 millones de euros en prestaciones públicas en Alemania, una cantidad que representa el 59,4% de los 20.540 millones destinados a este tipo de ayudas. Así se desprende de los datos facilitados por el Gobierno federal a Alternativa para Alemania (AfD), que ha denunciado el creciente peso del gasto social destinado a ciudadanos sin nacionalidad alemana.
Las cifras muestran que los ucranianos fueron los principales receptores extranjeros, con 3.440 millones de euros, seguidos de los sirios, que percibieron 2.200 millones, y de los afganos, con aproximadamente 1.000 millones. Entre estas tres nacionalidades acumularon cerca de 6.700 millones, equivalentes al 55% del dinero distribuido entre los hogares extranjeros con menores a cargo.
Estas prestaciones forman parte del sistema alemán de renta ciudadana, conocido como Bürgergeld, y están destinadas a personas y familias que cumplen determinados requisitos económicos. Su cobertura incluye gastos de manutención, alojamiento y calefacción, así como otras necesidades vinculadas a la protección social. Pueden acceder a ellas tanto familias monoparentales como parejas con hijos.
El contraste con los hogares alemanes también resulta significativo. Mientras que los extranjeros concentraron el 59,4% del gasto en esta categoría, los beneficiarios con nacionalidad alemana recibieron aproximadamente el 40,6% restante.
Además, según las estadísticas oficiales citadas, el 36,8% de los menores extranjeros reside en hogares que reciben asistencia social, frente al 7,2% de los niños con ciudadanía alemana. Esta diferencia se produce pese a que los extranjeros representan aproximadamente el 15% de la población menor de 18 años.
La evolución de las últimas décadas refleja igualmente un incremento del peso de los extranjeros en el sistema de prestaciones alemán. En 2010, los ciudadanos sin nacionalidad alemana representaban el 19,6% del conjunto de beneficiarios de asistencia social. Diez años después, en 2020, ese porcentaje había aumentado hasta el 37,6%, mientras que en 2025 alcanzó el 47,3%.
El crecimiento también se aprecia en términos presupuestarios. El gasto en prestaciones para extranjeros pasó de 6.920 millones de euros en 2010 a aproximadamente 21.750 millones en 2025, lo que supone que el desembolso se ha triplicado en quince años.
Ante estos datos, el diputado de AfD René Springer ha reclamado endurecer las condiciones de residencia de los extranjeros que dependen de las ayudas estatales. El parlamentario defiende que quienes no puedan garantizar su propia subsistencia de manera permanente pierdan su autorización para permanecer en el país.
Springer también ha cuestionado las prioridades presupuestarias del Ejecutivo alemán y ha sostenido que los recursos destinados a estas prestaciones podrían emplearse en reducir el coste de los carburantes, aliviar la presión económica sobre las familias o reforzar los servicios sanitarios y hospitalarios.
Por otro lado, el economista Bernd Raffelhüschen, de Friburgo, ha advertido de las limitaciones de las estadísticas basadas exclusivamente en la nacionalidad. Cuando un extranjero obtiene la ciudadanía alemana, deja de figurar como extranjero en los registros, incluso aunque continúe percibiendo prestaciones públicas.
Esta circunstancia adquiere relevancia ante el aumento de las naturalizaciones en Alemania. Durante 2025, más de 330.000 personas adquirieron la nacionalidad alemana, aunque los datos disponibles no permiten determinar cuántas recibían ayudas sociales en el momento de obtenerla.
De esta forma, las cifras oficiales reflejan un incremento sostenido del gasto social destinado a ciudadanos extranjeros, al tiempo que reabren el debate político en Alemania sobre la sostenibilidad de las prestaciones, los requisitos de residencia y las consecuencias económicas de la inmigración.
