La Comisión Europea se ha negado a registrar la iniciativa ‘Save Europe Act’ como Iniciativa Ciudadana Europea al considerar que algunas de sus propuestas vulneran los principios fundamentales de la Unión Europea al introducir criterios discriminatorios basados en el origen étnico y racial. La decisión impide, por el momento, que la campaña pueda seguir el procedimiento oficial previsto para este tipo de iniciativas, aunque sus promotores ya han anunciado que recurrirán la resolución ante la Justicia.

La propuesta había conseguido reunir cerca de 594.000 apoyos y pretendía alcanzar el millón de firmas necesario para obligar a Bruselas a pronunciarse formalmente sobre su contenido. Sus impulsores defendían una suspensión temporal de la inmigración procedente de países no europeos mientras se reformaba en profundidad la política comunitaria de inmigración y asilo.

Entre las medidas planteadas figuraban la paralización de nuevos permisos por reagrupación familiar y visados de estudios para ciudadanos extracomunitarios, un endurecimiento del acceso al asilo para quienes procedieran de países considerados seguros o fueran migrantes económicos, el refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión y la agilización de los procedimientos de expulsión.

El texto también proponía implantar una política comunitaria de remigración mediante incentivos económicos voluntarios destinados a inmigrantes considerados no integrados o cuya permanencia generara, según sus promotores, una elevada carga económica, social o cultural. Asimismo, abogaba por limitar determinadas prestaciones sociales con el objetivo de eliminar lo que calificaba como factores de atracción para nuevos flujos migratorios.

En la resolución adoptada esta semana, la Comisión Europea concluye que la moratoria planteada no responde únicamente a criterios de política migratoria, sino que establece diferencias entre personas atendiendo a su origen étnico, cultural o civilizatorio. Por ese motivo, considera que la propuesta resulta incompatible con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíbe la discriminación por motivos de raza u origen étnico.

Bruselas también rechazó el argumento de los organizadores basado en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a respetar la identidad nacional de los Estados miembros. Según la Comisión, ese principio no puede utilizarse para justificar restricciones migratorias que contradigan la interpretación que el propio ordenamiento comunitario realiza de los derechos fundamentales.

Los promotores de la iniciativa sostienen, sin embargo, que su propuesta pretende preservar la continuidad histórica, cultural y demográfica de los pueblos europeos. En el documento defienden que varias décadas de inmigración legal e ilegal han provocado un deterioro de la cohesión social, una mayor presión sobre los servicios públicos y los sistemas de bienestar, el crecimiento de comunidades paralelas y un riesgo creciente de que las poblaciones autóctonas se conviertan en minoría en determinados países europeos.

La comentarista neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, una de las impulsoras de la campaña, criticó con dureza la decisión de Bruselas y acusó a la Comisión de ignorar la voluntad de cientos de miles de ciudadanos europeos que ya habían respaldado la iniciativa. A su juicio, las instituciones comunitarias están identificando cualquier oposición a la inmigración no occidental con posiciones racistas y reservándose la capacidad exclusiva de determinar qué valores pueden considerarse compatibles con el proyecto europeo.

Vlaardingerbroek aseguró además que los organizadores no abandonarán la iniciativa y confirmó que presentarán un recurso judicial para intentar revertir la negativa de la Comisión. Paralelamente, animó a los simpatizantes a continuar recogiendo apoyos hasta superar el millón de firmas, convencida de que la campaña ha trascendido el ámbito de una simple iniciativa ciudadana para convertirse en un movimiento político de ámbito europeo.