El Gobierno británico cambia de criterio en inmigración, al menos en un aspecto muy concreto. Y es que el Ejecutivo de Keir Starmer ha confirmado que los hijos de solicitantes de asilo rechazados podrán ser deportados aunque hayan nacido en Reino Unido, una medida que hasta ahora se habían negado a tomar.
El ministro de Seguridad Fronteriza y Asilo, Alex Norris, aseguró en una entrevista que publica el diario The Telegraph, que «nadie sin derecho a estar aquí se quedará», y adelantó que el Ministerio del Interior acelerará las expulsiones de familias completas, incluyendo menores. Norris reconoció que incluso los niños británicos por nacimiento pueden ser obligados a abandonar el país si sus padres no tienen estatus legal.
Por contra, el Gobierno planea aumentar de forma «significativa» el dinero ofrecido a quienes acepten volver a sus países. La cifra actual de 3.000 £, podría dispararse hasta casi 10.000 con el objetivo de reducir los costes de mantener a miles de inmigrantes en hoteles. Ya se han alzado voces advirtiendo de lo obvio: que la medida podría convertirse en un «efecto llamada» para quienes busquen cobrar el incentivo.
El Ejecutivo también quiere frenar las apelaciones tardías y el uso del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, limitando el concepto de «vida familiar» para evitar retrasos en las expulsiones.