Los padres de Philippine Le Noir de Carlan, joven asesinada por un inmigrante ilegal marroquí en París, han cargado duramente contra el Estado francés por lo que consideran un abandono absoluto. Un año después del crimen que les arrebató a su hija, Loïc y Blandine de Carlan aseguran sentirse traicionados por las instituciones que no impidieron que el asesino, con múltiples antecedentes y una orden de expulsión, siguiera libre en las calles de la capital.

El responsable del homicidio fue Taha Oualidat, ciudadano marroquí de 30 años con condenas previas por violación. Pese a que pesaban sobre él resoluciones de deportación, nunca fue repatriado y continuaba moviéndose con total impunidad por París cuando interceptó a Philippine, estudiante brillante de Sciences Po de apenas 19 años, a la que terminó matando y enterrando desnuda en un parque.

En una entrevista reciente, los padres de la víctima relatan con dolor que la negligencia institucional resultó tan devastadora como el propio crimen. «Cuanto más escarbamos, más desorden encontramos», lamentan, subrayando la falta de acción de las autoridades francesas.

El testimonio de la madre refleja incredulidad y rabia: «¿Cómo pudo cruzarse con ella, a plena luz del día, entre tanta gente?». Blandine insiste en que lo más hiriente no es sólo la tragedia, sino la frialdad posterior del sistema: «Nadie de los que fallaron en protegerla se ha dignado siquiera a pronunciar su nombre ni a depositar una corona en su tumba. Eso muestra hasta qué punto rehúyen cualquier responsabilidad».

La indignación del matrimonio también se dirige contra el Consejo Constitucional, que en agosto de 2025 invalidó una normativa destinada a reforzar el control sobre extranjeros considerados peligrosos. «Esa decisión me destrozó», confiesa la madre, que se pregunta con amargura: «¿Cómo pueden jugar con la vida de nuestros hijos?».

Para los de Carlan, la muerte de Philippine no sólo simboliza la tragedia personal de una familia, sino también el reflejo de un Estado incapaz de hacer cumplir sus propias leyes frente a individuos reincidentes y con órdenes de expulsión firmes.