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PRESENTARÁN UNA PROPUESTA CONJUNTA EN EL CONSEJO EUROPEO DE OCTUBRE

Los patriotas Meloni y Babiš hacen frente común para retrasar el nuevo gravamen climático de Bruselas sobre carburantes y calefacción

Andrej Babis y Giorgia Meloni. Europa Press.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo checo, Andrej Babiš, preparan una propuesta conjunta para reclamar a la Unión Europea que retrase la entrada en funcionamiento de su nuevo sistema de fijación de precios al carbono sobre los combustibles utilizados en el transporte por carretera y la calefacción de edificios.

Roma y Praga quieren llevar el paquete de medidas al próximo Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre, según han señalado funcionarios italianos a Reuters antes de la reunión que ambos dirigentes mantienen este martes en Praga.

Uno de los puntos centrales será el denominado ETS2, un nuevo mercado europeo de emisiones creado por Bruselas para extender el sistema de derechos de CO2 a sectores que hasta ahora quedaban fuera del actual régimen comunitario.

En la práctica, afectará a los combustibles utilizados en coches, camiones, viviendas y otros edificios, además de determinadas actividades industriales de menor tamaño. Los proveedores tendrán que adquirir derechos suficientes para cubrir las emisiones correspondientes a los combustibles que comercializan.

Meloni y Babiš quieren retrasar su puesta en funcionamiento prevista para 2028, con el argumento de evitar una presión adicional sobre las facturas energéticas en un momento marcado por el incremento de los costes y las dificultades de suministro derivadas de los conflictos internacionales.

Gasolina, diésel y calefacción bajo el nuevo sistema europeo

A diferencia del actual mercado europeo de emisiones, centrado principalmente en grandes industrias, centrales eléctricas, aviación y transporte marítimo, el ETS2 extenderá el precio del carbono a sectores mucho más próximos al consumo cotidiano.

La propia Comisión Europea explica que el sistema cubrirá las emisiones de CO2 derivadas de la combustión de carburantes en edificios, transporte por carretera y determinados sectores adicionales.

No serán directamente las familias o los conductores quienes tengan que acudir al mercado europeo a comprar derechos de emisión. La obligación recaerá sobre los proveedores de combustibles, que deberán adquirir y entregar permisos equivalentes a las emisiones generadas por los productos que venden.

El objetivo de Bruselas es introducir una señal de precio que incentive la reducción del consumo de combustibles fósiles, la renovación energética de los edificios y la utilización de medios de transporte con menores emisiones. La Comisión sostiene además que parte de los ingresos obtenidos será utilizada para financiar medidas climáticas y ayudas destinadas a los hogares y pequeñas empresas más vulnerables.

El Ejecutivo comunitario prevé que el sistema se encuentre plenamente operativo en 2028, aunque las subastas de derechos comenzarán antes.

Un paquete para contener los precios de la energía

La iniciativa de Italia y República Checa no se limita al ETS2. Ambos gobiernos quieren impulsar una reforma más amplia del mercado europeo de carbono y de distintas normas energéticas con el objetivo declarado de reducir la presión sobre los precios.

Entre las propuestas figura recurrir con mayor intensidad a la llamada Reserva de Estabilidad del Mercado, un mecanismo que permite retirar derechos de emisión cuando existe un exceso de oferta y liberarlos cuando los precios suben con demasiada rapidez.

Roma y Praga consideran que la UE debería emplear esta herramienta para impedir que el mercado de derechos de CO2 contribuya a elevar aún más los costes soportados por las empresas.

Los dos países también quieren suspender temporalmente determinadas disposiciones de la nueva regulación europea sobre emisiones de metano que afectarán a los proveedores extranjeros de petróleo y gas.

Los funcionarios italianos citados por Reuters advierten de que esas obligaciones podrían dificultar la búsqueda de suministradores alternativos desde enero y contribuir a aumentar los precios de la energía o generar problemas de abastecimiento.

La propia Comisión Europea estudia actualmente retrasar parte de esas exigencias relativas al metano después de las presiones recibidas por varios gobiernos ante la situación de los mercados energéticos.

La presión sobre Bruselas aumenta

La iniciativa de Meloni y Babiš llega después de que varios Estados miembros hayan reclamado durante los últimos meses modificar algunos elementos de la política energética y climática comunitaria para limitar su impacto económico.

Los países de la UE acordaron la semana pasada avanzar en cambios del actual mercado de emisiones destinados a evitar fuertes subidas del precio de los derechos de CO2, precisamente mediante modificaciones de la reserva de estabilidad. Ahora Italia y República Checa pretenden dar un paso adicional e incluir también el futuro ETS2 en la discusión.

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