La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha pedido que Pedro Sánchez sea investigado por la Comisión Europea a raíz de la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno español a principios de año. La dirigente socialdemócrata considera que esta medida supone un desafío a la estrategia migratoria comunitaria y ha reclamado a Ursula von der Leyen que examine su compatibilidad con las normas de la Unión Europea. La iniciativa se produce en plena controversia por la invasión de Ceuta durante los pasados 30 y 31 de julio, un episodio que varios gobiernos europeos relacionan con el posible efecto llamada de las políticas españolas.

Frederiksen ha trasladado su petición durante la cumbre europea celebrada en Bruselas, donde la inmigración ilegal ha vuelto a ocupar buena parte de las conversaciones entre los líderes comunitarios. Pese a pertenecer a la misma familia política que Sánchez, la primera ministra danesa ha cuestionado abiertamente que España adopte medidas que, a su juicio, contradicen los esfuerzos del resto de socios para reforzar las fronteras y reducir las entradas ilegales.

La dirigente ha explicado que su preocupación reside en las consecuencias que puede tener para toda Europa la decisión de un Estado miembro de conceder permisos de residencia a personas que se encontraban en situación irregular. En este sentido, ha advertido de que España está actuando en dirección contraria a la política migratoria defendida por una amplia mayoría de países europeos y ha insistido en que la Comisión debe profundizar en el análisis de sus efectos.

Las críticas también han llegado desde Austria. Su canciller, Christian Stocker, ha reprochado al Ejecutivo español el mensaje transmitido con la regularización extraordinaria. Según ha explicado, mientras otros gobiernos trabajan para contener la inmigración irregular y asegurar las fronteras exteriores, España ha optado por facilitar la permanencia legal de numerosos extranjeros.

Stocker ha ido más allá al plantear una posible relación entre aquella decisión y los acontecimientos registrados posteriormente en Ceuta. Aunque ha reconocido que no existe una conexión causal demostrada, ha cuestionado si la invasión migratoria se habría producido en las mismas circunstancias sin el anuncio del Gobierno español. También ha considerado comprensible el malestar de aquellos Estados europeos que soportan mayores presiones migratorias.

Por su parte, el primer ministro checo, Andrej Babiš, ha elevado el tono de sus acusaciones contra Sánchez. El dirigente de Patriotas por Europa, grupo político europeo en el que también se integra VOX, ha acusado al presidente español de utilizar la inmigración como instrumento para mantenerse en el Gobierno. En concreto, ha sostenido que existen dirigentes dispuestos a «sustituir a la población por inmigrantes» para conservar sus responsabilidades políticas.

Dieciséis países respaldan nuevas medidas contra la inmigración ilegal

La ofensiva política se ha desarrollado en paralelo a un encuentro sobre inmigración promovido por Dinamarca, Italia y Países Bajos, al que han acudido representantes de otros trece gobiernos europeos y la presidenta de la Comisión Europea. Entre los participantes se encontraban los dirigentes de Alemania, Polonia, Austria, Grecia, Bélgica, Finlandia, Suecia, Hungría y República Checa, entre otros.