El pasado lunes, el consejo de Defensa francés volvió a reunirse para abordar la infiltración de los Hermanos Musulmanes en la sociedad francesa, a petición del presidente Emmanuel Macron. El jefe del Estado pidió la redacción y aprobación este verano de un proyecto de ley para endurecer las sanciones administrativas y financieras a las organizaciones vinculadas a los Hermanos Musulmanes, con el objetivo de que las nuevas medidas entren en vigor antes de final de año.

La reunión ha llegado tras la publicación de un informe que constata la creciente influencia de la citada organización en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad.

En respuesta, Macron ha anunciado ahora la introducción de un mecanismo para congelar fondos financieros de organizaciones islamistas. También ha avanzado que la disolución administrativa se ampliará para incluir los fondos de dotación, y se pretende limitar la financiación extranjera a mezquitas, asociaciones e institutos culturales, señalados como focos de propaganda islamista en el informe.

Otras medidas contemplan reforzar la prohibición de publicaciones ilegales y sancionar de una forma más estricta la incitación a la discriminación y a la violencia. También se ha anunciado la imposición de multas diarias a asociaciones que incumplan el llamado «contrato de compromiso republicano» firmado para acceder a ayudas públicas.

Pese a la gravedad del informe, el presidente ha anunciado que se reunirá con el Foro del Islam de Francia (Forif), creado en 2022 para representar a los musulmanes en el país, en lugar de enfrentarse directamente a las asociaciones más críticas. Varias de estas entidades, lejos de reconocer el problema, han advertido en las últimas semanas sobre supuestas «generalizaciones peligrosas» derivadas del informe sobre los Hermanos Musulmanes. Por su parte, Macron se limitó a rechazar las acusaciones de «conspiranoia» o «paranoia», sin contradecir de fondo la narrativa de quienes minimizan la amenaza.

El debate sobre la utilidad real de las medidas sigue abierto. En mayo, Marine Le Pen ya había calificado de «medidas a medias» la respuesta inicial del gobierno. Pese a que ahora el Consejo de Defensa habla de mayor determinación, está por ver si el proyecto de ley conservará su contenido o si acabará siendo descafeinado por quienes temen más las críticas de las asociaciones islamistas que el avance del islamismo en Francia.