La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha instado a los líderes de la Unión Europea a abrir un debate político sobre la reforma del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en un intento de modernizar el marco jurídico que regula la gestión migratoria y las deportaciones dentro del continente. La propuesta, revelada por The Telegraph, marca uno de los movimientos más ambiciosos de Italia en la escena europea desde que Meloni asumió el cargo, y busca responder a los desafíos que plantea la inmigración irregular y el tráfico de personas.

Durante una reunión informal celebrada en Bruselas el 23 de octubre, previa a la cumbre del Consejo Europeo, Meloni planteó la necesidad de revisar las normas del CEDH y del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), organismo encargado de velar por su cumplimiento. En el encuentro participaron los jefes de Gobierno de países como Alemania, Polonia, Dinamarca, Grecia, Suecia o los Países Bajos, así como representantes de Austria, Malta y Bulgaria.

Meloni propuso que los Estados miembros discutan nuevas medidas, entre ellas la expulsión de migrantes con antecedentes penales y el desarrollo de mecanismos alternativos para tramitar solicitudes de asilo fuera del territorio de la Unión Europea. Según fuentes diplomáticas, los asistentes acordaron mantener el diálogo abierto y celebrar una segunda reunión en Roma el próximo 5 de noviembre para concretar los próximos pasos.

La mandataria italiana lleva tiempo defendiendo que los tratados internacionales firmados hace décadas no responden a las circunstancias actuales. En su discurso más reciente ante la Asamblea General de la ONU, sostuvo que las normas vigentes «fueron concebidas en una época en la que no existían flujos migratorios masivos ni redes criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas», y advirtió que cuando son «reinterpretadas de forma ideológica por algunos jueces, acaban debilitando la autoridad del Estado de derecho».

El debate sobre la reforma del CEDH ha cobrado fuerza después de que varias iniciativas europeas en materia de migración se toparan con obstáculos legales. El acuerdo firmado por Italia con Albania para procesar allí a los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo —en centros fuera de la Unión Europea— ha quedado en suspenso por dudas sobre su compatibilidad con la convención. Algo similar ocurre con el pacto entre Dinamarca y Ruanda, que aún no ha entrado en vigor por las mismas razones. Los Países Bajos, por su parte, estudian un plan para enviar a Uganda a los solicitantes de asilo rechazados, en un modelo que también podría enfrentarse a impugnaciones judiciales.