La modificación implementada en septiembre de 2025 por la Comisión Europea para ampliar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos a los productos procedentes del Sáhara Occidental continúa aplicándose de forma provisional, pese a que ha transcurrido casi un año desde su entrada en vigor, según avanza El Debate.

Bruselas recurrió al procedimiento de urgencia para poner en marcha el nuevo marco, una fórmula que permitió su ejecución temporal únicamente con la aprobación del Consejo de la UE. De este modo, la medida comenzó a aplicarse sin pasar previamente por una votación del Parlamento Europeo, aunque la ratificación definitiva sí requerirá el respaldo de la Eurocámara.

El cambio pretendía responder a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había considerado ilegal incluir los productos originarios del Sáhara Occidental dentro de las ventajas arancelarias concedidas a Marruecos sin contar con el consentimiento del pueblo saharaui.

Sin embargo, todavía no existe un calendario para que el acuerdo sea sometido al examen parlamentario. Fuentes del Consejo aseguran que la Comisión no ha comunicado ninguna fecha para la votación. Tampoco hay previsiones concretas sobre la revisión de otros apartados del pacto con Marruecos relacionados con la agricultura y la pesca.

Según fuentes conocedoras de las negociaciones en Bruselas, el retraso respondería a las dudas de la Comisión sobre la posibilidad de reunir una mayoría suficiente entre los eurodiputados. Aunque el Ejecutivo comunitario considera prácticamente asegurado el respaldo del Consejo —con España y Francia entre los principales defensores de la ratificación—, el resultado en el Parlamento Europeo sería mucho más incierto.

Un precedente reciente evidencia esa fragilidad. En noviembre, la Eurocámara avaló por un solo voto una iniciativa que permite comercializar con etiquetado marroquí determinados productos procedentes del Sáhara Occidental. Aquella decisión no suponía la aprobación del acuerdo completo, pero mostró la profunda división existente entre los grupos parlamentarios.

Las fuentes consultadas sostienen que la Comisión estaría manteniendo contactos discretos con distintas formaciones políticas para recabar apoyos antes de llevar la ratificación al pleno. El objetivo sería evitar una derrota parlamentaria y reducir el riesgo de que el nuevo marco termine nuevamente ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La preocupación judicial cobra especial relevancia después de que el Parlamento Europeo haya solicitado al TJUE un dictamen sobre la compatibilidad del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur con los tratados comunitarios. La Comisión trataría de impedir que el pacto con Marruecos abra un frente jurídico similar.

Para justificar la incorporación de los recursos del Sáhara Occidental al régimen preferencial, las instituciones europeas defendieron que podía presumirse el consentimiento de la población saharaui. El Consejo argumentó que, al tratarse de un territorio no autónomo, ese consentimiento podía manifestarse de manera implícita.

Según la interpretación comunitaria, dicha presunción sería válida siempre que el acuerdo no imponga obligaciones al pueblo del territorio y que este reciba beneficios concretos, sustanciales, comprobables y proporcionales al nivel de explotación de sus recursos naturales.

La Comisión también alegó que la desaparición de las preferencias comerciales perjudicaría a la población local. A su juicio, facilitar el acceso al mercado europeo de frutas, verduras, pescado y marisco procedentes del Sáhara Occidental contribuye al mantenimiento de la actividad económica y del empleo en la zona.

Pese a estos argumentos, numerosos eurodiputados continúan cuestionando tanto la legalidad del procedimiento empleado como la interpretación del consentimiento saharaui. Esa falta de consenso mantiene bloqueada la ratificación definitiva y prolonga una situación provisional que, por el momento, no tiene fecha de finalización.