La opacidad de Bruselas en torno a los contratos de las vacunas contra la COVID-19 ha llegado a los tribunales. Varios grupos del Parlamento Europeo, entre ellos Patriotas por Europa y Europe of Sovereign Nations (ESN), han presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se determine si la Eurocámara violó la ley al impedir la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de esos acuerdos millonarios.
La denuncia, apoyada también por representantes del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), surge después de que en abril más de 180 eurodiputados solicitaran formalmente una investigación sobre posibles casos de corrupción, blanqueo de dinero, abuso de poder y manipulación legislativa en torno a los contratos firmados por la Comisión Europea con las farmacéuticas.
Christine Anderson, portavoz del grupo ESN y eurodiputada alemana de Alternativa para Alemania (AfD), denunció que «el Parlamento Europeo ha incumplido su deber legal de permitir una investigación sobre cómo se gestionaron miles de millones en fondos públicos«. Anderson recordó que los ciudadanos europeos «tienen derecho a saber cómo y con qué condiciones se firmaron los contratos de vacunas que comprometieron recursos públicos sin transparencia ni control democrático».
Por su parte, el eurodiputado sueco Charlie Weimers (ECR) subrayó que el caso «no es un asunto político, sino legal«, y que lo que se discute es si la presidencia del Parlamento actuó conforme a las normas al rechazar la solicitud de investigación. «Las reglas son claras y no se siguieron; por eso somos optimistas respecto al resultado«, afirmó.
El Parlamento Europeo dispone hasta el 20 de noviembre para presentar su respuesta ante el TJUE. Si la causa sigue el procedimiento ordinario, podría tardar varios años en resolverse, aunque los demandantes han solicitado que el tribunal adopte un procedimiento acelerado dada la relevancia pública del caso.
El fondo de la cuestión apunta al oscuro manejo de los contratos de compra de vacunas firmado por la Comisión Europea bajo el mandato de Ursula von der Leyen, que ya ha sido objeto de múltiples denuncias periodísticas por la destrucción de mensajes y la falta de supervisión parlamentaria.
Para los grupos soberanistas, este nuevo proceso judicial representa un paso clave en la defensa de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones europeas, frente a un modelo de gestión que durante la pandemia concentró poder y gasto público sin control efectivo.
«No se trata sólo de las vacunas», afirmó Anderson. «Se trata de la credibilidad de la Unión Europea y de la obligación moral de investigar cada euro gastado en nombre de los ciudadanos«.