La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la aplicación provisional inmediata del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur pese a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La decisión ha desatado una contundente reacción de Patriotas por Europa. Su presidente, Jordan Bardella. ha denunciado que Bruselas actúa al «margen de la voluntad democrática». La activación del tratado antes de que se pronuncie el TJUE es «un desafío directo a la Eurocámara».

Bardella ha denunciado la decisión de la Comisión: «Una apropiación de poder contra el Parlamento Europeo, que votó a favor de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. Una apropiación de poder contra nuestros agricultores».

El dirigente ha subrayado que la Comisión ha ignorado deliberadamente tanto el procedimiento parlamentario como el malestar creciente del sector primario. Bardella ha considerado que la aplicación provisional del acuerdo constituye «un ataque directo a la soberanía y a la capacidad de los Estados para proteger a sus productores estratégicos«.

«El acuerdo caerá desde ya de forma implacable sobre nuestros productores y miles de familias españolas sufrirán las consecuencias de una clase política traidora. Les hacemos responsables de cada cierre, de cada partida que ponga en riesgo la salud, de cada despido, de cada proyecto truncado», ha declarado el jefe de la delegación de VOX, Jorge Buxadé.

«La aplicación provisional del acuerdo Mercosur es una bofetada a la agricultura europea. Las salvaguardias pactadas no protegen nada, han servido para justificar apresuradamente este desastre. Von der Leyen y sus socios del PP han actuado sin transparencia y contra los intereses de nuestros agricultores. Esta política comercial es una ruina para el campo. VOX seguirá luchando en todas las instancias para parar esta catástrofe», ha manifestado, por su parte, la eurodiputada de VOX Mireia Borrás.

Desde Patriotas por Europa han advertido de que no aceptarán que la Comisión sustituya la voluntad de los pueblos europeos por decisiones adoptadas en Bruselas sin control democrático, y han reiterado su compromiso de emplear «todos los instrumentos políticos y jurídicos disponibles para frenar la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur».