Patriotas por Europa ha acusado a las instituciones comunitarias de haberse convertido en una de las principales amenazas para el Estado de derecho en Europa, al considerar que Bruselas aplica las normas de forma selectiva, invade competencias nacionales y utiliza mecanismos financieros y jurídicos para presionar a los gobiernos y fuerzas políticas que se apartan del consenso comunitario.

Las críticas se produjeron durante una conferencia celebrada en el Parlamento Europeo bajo el título «Declive del Estado de derecho en la UE», organizada por Fidesz y con participación de eurodiputados, investigadores y representantes de centros de pensamiento europeos y estadounidenses.

El húngaro Tamás Deutsch, jefe de la delegación de Fidesz en Patriotas, recordó su arresto durante el régimen comunista y aseguró que no se dejará intimidar por unas instituciones comunitarias a las que describió como herederas, en espíritu, de formas autoritarias de poder.

Acusan a Bruselas de invadir competencias nacionales

La eurodiputada polaca Anna Bryłka denunció una progresiva centralización política de la Unión y acusó a Bruselas de interferir en ámbitos que corresponden a los Estados miembros, entre ellos la Justicia.

Como ejemplos, citó la anulación de las elecciones presidenciales rumanas de diciembre de 2024 y el uso de la financiación comunitaria como mecanismo de presión sobre determinados gobiernos.

También cuestionó el funcionamiento democrático de la Comisión Europea y preguntó quién controla a las propias instituciones comunitarias cuando son ellas las que evalúan constantemente el respeto al Estado de derecho en los países miembros.

Representantes de Fidesz denunciaron asimismo que la maquinaria institucional europea habría colaborado políticamente contra el anterior Gobierno húngaro mediante la retención de fondos, disputas energéticas y políticas de censura en Internet.

AfD denuncia una «democracia inversa»

El eurodiputado alemán René Aust, de Alternativa para Alemania (AfD), aseguró que en Europa existe un clima en el que cada vez resulta más difícil expresar determinadas opiniones, especialmente sobre inmigración.

Aust calificó la situación de «democracia inversa», al considerar que los gobiernos utilizan dinero de los contribuyentes para financiar organizaciones y estructuras destinadas a influir ideológicamente sobre los propios ciudadanos.

En una línea similar, el esloveno Branko Grims acusó a las instituciones europeas de utilizar ONG para combatir políticamente a la derecha y responsabilizó a Bruselas y a Angela Merkel de haber debilitado el control fronterizo durante la crisis migratoria.

Los participantes reclamaron finalmente un reforzamiento de la soberanía nacional frente al poder supranacional de Bruselas y exigieron mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones europeas, la selección de jueces comunitarios y la financiación de organizaciones no gubernamentales.