El Gobierno de Portugal asume los postulados del partido soberanista CHEGA y se convierte en uno de los países de Europa más restrictivos para acceder a la nacionalidad. Las nuevas disposiciones introducidas por el Parlamento endurecen los requisitos para obtener el pasaporte luso y limitan el derecho automático a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes nacidos en el país.

Según el borrador de la Ley de Nacionalidad aprobado, los extranjeros deberán acreditar una residencia legal prolongada en Portugal: siete años si provienen de países de lengua portuguesa o de la Unión Europea, y diez años para los ciudadanos de otros Estados, frente a los cinco años que se exigían hasta ahora.

Además, los solicitantes deberán demostrar dominio del idioma portugués y conocimiento de la historia, cultura y símbolos nacionales mediante un certificado oficial, una exigencia que no existía previamente. También se establece que los inmigrantes deben contar con medios de subsistencia propios y no depender de ayudas públicas.

Los hijos de inmigrantes nacidos en Portugal pierden el derecho automático a la nacionalidad. A partir de ahora, deberán manifestar expresamente su deseo de ser portugueses, y al menos uno de los padres tendrá que haber residido legalmente en el país durante al menos cinco años. Asimismo, los hijos extranjeros adoptados por ciudadanos portugueses deberán solicitar la ciudadanía de manera explícita.

Las parejas mixtas también se ven afectadas: el cónyuge extranjero sólo podrá acceder a la nacionalidad si ha convivido con su pareja portuguesa durante al menos tres años y cuenta con una resolución judicial que lo avale, un cambio respecto al sistema anterior, que permitía la concesión con un simple reconocimiento ante un tribunal civil.

La reforma incluye también la eliminación del régimen especial que permitía a los judíos sefarditas obtener la nacionalidad portuguesa de manera más sencilla. Además, el Parlamento ha aprobado una enmienda al Código Penal que contempla la pérdida de la nacionalidad como sanción accesoria para delitos graves.

Este endurecimiento llega tras la reciente modificación de la Ley de Extranjeros, que ya complicaba la reunificación familiar y otras vías de regularización migratoria. Aquella reforma contó con el apoyo del partido CHEGA y tuvo que ajustarse tras la intervención del Tribunal Constitucional, que detectó incongruencias con la Constitución.