BRUSELAS PREPARA UNA MONEDA CONTROLADA POR EL BCE Y DE ACEPTACIÓN CASI OBLIGATORIA
Alberto Núñez Feijóo y Ursula von der Leyen. Europa Press.
Por LGI
23 de junio de 2026
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha dado luz verde a su posición sobre el euro digital, el proyecto con el que Bruselas y el Banco Central Europeo pretenden colocar en manos de las instituciones comunitarias una nueva infraestructura de pagos para toda la eurozona.
La iniciativa es presentada oficialmente como una alternativa europea frente al dominio de compañías como Visa y Mastercard. Sin embargo, su diseño plantea serias dudas sobre la privacidad, la libertad económica y la capacidad de los ciudadanos para mantener sus transacciones fuera de un sistema cada vez más centralizado.
El mandato deberá ser ratificado todavía por el pleno de la Eurocámara antes de comenzar la negociación con los Estados miembros. La decisión definitiva sobre su puesta en circulación corresponderá posteriormente al BCE.
Aunque sus defensores insisten en que el euro digital sólo complementará al dinero físico, la experiencia demuestra que las infraestructuras creadas como «alternativas» pueden terminar convirtiéndose en mecanismos obligatorios cuando las administraciones, los bancos y los comercios adaptan todo el sistema a ellas.
La mayoría de los comercios estará obligada a aceptarlo
El euro digital no será una criptomoneda descentralizada ni una forma privada de intercambio. Se tratará de dinero electrónico emitido directamente por el Banco Central Europeo y sometido a las reglas definidas por las instituciones comunitarias.
Los bancos y otros proveedores autorizados se encargarán de distribuirlo entre los usuarios, pero la mayoría de los comercios tendrá que aceptarlo como medio de pago. Las excepciones quedarían limitadas principalmente a autónomos y pequeñas empresas que no admitan actualmente otras formas de pago digital.
Bruselas presenta esta obligación como una garantía de accesibilidad. En la práctica, supone imponer a empresas y establecimientos una nueva infraestructura tecnológica, con costes de adaptación y menor capacidad para decidir qué métodos de pago desean ofrecer.
Bruselas decidirá cuánto dinero puede conservar cada ciudadano
Uno de los elementos más reveladores del proyecto es la introducción de límites a la cantidad de euros digitales que cada persona podrá mantener. El umbral no será decidido por el titular del dinero, sino por la Comisión Europea a partir de las recomendaciones del BCE. Además, será revisado al menos cada dos años.
La justificación oficial es evitar una retirada masiva de depósitos bancarios y preservar la estabilidad financiera. Sin embargo, el mecanismo normaliza una idea inquietante: que las autoridades europeas puedan decidir cuánto dinero digital está autorizado a poseer un ciudadano.
Las empresas tampoco podrían conservar libremente los euros digitales recibidos. Sólo se les permitiría acumularlos durante un máximo de 24 horas antes de transferirlos fuera del sistema. La moneda no generará intereses, lo que impedirá utilizarla como instrumento ordinario de ahorro.
Promesas de privacidad bajo control institucional
La Eurocámara asegura que el sistema incorporará salvaguardas para limitar el tratamiento de datos personales y evitar que el BCE pueda identificar directamente a los usuarios. Los pagos en línea funcionarían mediante cuentas, mientras que las operaciones sin conexión se ejecutarían mediante almacenamiento local en los dispositivos.
No obstante, toda infraestructura digital deja registros, depende de intermediarios y está sometida a normas que pueden modificarse con el tiempo. La privacidad no dependerá de la naturaleza del dinero, como ocurre con el efectivo, sino de promesas legales y soluciones tecnológicas diseñadas por las mismas instituciones que gestionarán el sistema.
El dinero físico permite pagar sin entregar datos personales, sin depender de una conexión y sin que una autoridad central pueda bloquear una operación a distancia. El euro digital no ofrece esa misma autonomía, por muchas garantías que se incluyan inicialmente.
El precedente del dinero programable
La propuesta sostiene que el euro digital no será programable, pero no elimina el riesgo de que futuros cambios normativos amplíen las capacidades de control. Una moneda centralizada tecnológicamente podría permitir establecer límites geográficos, temporales o sectoriales sobre los pagos si las autoridades decidieran habilitar esas funciones.
También facilitaría el bloqueo de fondos, el seguimiento de patrones de consumo y la aplicación instantánea de sanciones administrativas.
El problema no consiste únicamente en las condiciones actuales, sino en la infraestructura que quedará creada. Una vez construido el sistema, la tentación política de utilizarlo para vigilar, condicionar o restringir transacciones será permanente.
El efectivo queda formalmente protegido, pero cada vez más arrinconado
Los eurodiputados afirman que el euro digital «nunca sustituirá» al efectivo y han respaldado otra propuesta destinada a garantizar la disponibilidad del dinero físico. El propio ponente del informe, Fernando Navarrete, eurodiputado del PP, ha defendido que nadie debería verse obligado a prescindir del efectivo.
Sin embargo, esa promesa convive con una tendencia evidente: cierre de oficinas bancarias, desaparición de cajeros, restricciones a los pagos en metálico y crecimiento de los servicios exclusivamente digitales. El riesgo no es que Bruselas prohíba los billetes de un día para otro, sino que el efectivo se vuelva cada vez más incómodo, difícil de obtener y marginal hasta desaparecer de hecho de la vida cotidiana.