El número de delincuentes sexuales y violentos de nacionalidad extranjera encarcelados en Inglaterra y Gales ha alcanzado cifras sin precedentes, según los primeros datos oficiales desglosados por nacionalidad publicados por el Ministerio de Justicia británico. Los presos extranjeros ya representan uno de cada ocho internos en el sistema penitenciario, el nivel más alto en al menos una década y el segundo porcentaje más elevado jamás registrado.

En junio de este año, se contabilizaron 1.731 delincuentes sexuales extranjeros en prisión, lo que supone un aumento del 9,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esta subida triplica el incremento registrado entre los británicos condenados por delitos sexuales, que fue del 3,8%. El número de delincuentes violentos de origen extranjero también ha alcanzado su máximo histórico: 3.250 reclusos, un 8,8% más en un año, frente al 4,8% de crecimiento entre los británicos encarcelados por violencia.

En conjunto, los presos extranjeros representan en la actualidad el 12,3% de los cerca de 87.000 reclusos que conforman la población penitenciaria de Inglaterra y Gales. Su presencia es especialmente significativa en los delitos relacionados con las drogas, donde suponen el 19,7% de todos los condenados por tráfico o posesión. También representan más del 10% de los reclusos por violencia contra las personas y por delitos sexuales.

Los datos también confirman que los albaneses continúan siendo el colectivo extranjero más numeroso en prisión, con 1.193 internos. Aunque esta cifra ha bajado respecto al pico de 1.475 alcanzado en 2023, sigue situándolos por delante de los polacos (759), rumanos (716), irlandeses (707), lituanos (339) y jamaicanos (338). En el último año ha habido incrementos notables en el número de reclusos procedentes de la India, Irán, Afganistán, Sudán y Siria, con subidas que oscilan entre el 10% y el 46%, según el país.

La publicación de estos datos llega en medio de una creciente presión por parte de medios de comunicación y representantes políticos para que el Gobierno británico sea más transparente con el impacto de la inmigración en la criminalidad. Esta semana, el líder de Reform UK, Nigel Farage, señaló directamente a la inmigración como responsable del fuerte aumento de las violaciones y agresiones sexuales, citando datos que muestran que el 40% de los imputados por delitos sexuales en Londres ya son extranjeros.

Algunas de las protestas recientes frente a hoteles donde se alojan solicitantes de asilo también están relacionadas con este fenómeno. En Epping, Essex, cientos de personas se manifestaron frente al Bell Hotel, después de que un inmigrante etíope fuera acusado de agresión sexual, acoso e incitación a una menor a mantener relaciones sexuales.

Desde la oposición, el exministro y actual portavoz de Justicia, Robert Jenrick, ha reclamado la expulsión inmediata de todos los delincuentes extranjeros, y ha instado al Gobierno a dejar de liberar presos antes de tiempo y, en su lugar, deportar a todos los que hayan sido condenados. También ha exigido la suspensión de visados y ayudas para los países que se nieguen a aceptar de vuelta a sus nacionales. «En lugar de liberar criminales antes de tiempo para hacer hueco en las cárceles, el Gobierno debe deportar a cada uno de ellos. Hay que expulsarlos del país sin demora», declaró.

Por su parte, el director de investigación del Centre for Migration Control, Robert Bates, ha pedido al Ministerio del Interior que intensifique los controles en frontera, utilice listas rojas por nacionalidad y lleve a cabo verificaciones rigurosas de antecedentes penales, independientemente de la duración de las penas. «Todo extranjero condenado por estos crímenes debe ser deportado, sin importar la duración de su pena», afirmó. Y añadió que «el Ministerio del Interior debe actuar con más firmeza para impedir la entrada de individuos peligrosos, mediante listas rojas por nacionalidad y controles exhaustivos de antecedentes».

La situación en las cárceles británicas es, además, cada vez más preocupante. El número de incidentes con drones utilizados para introducir drogas, teléfonos móviles y otros objetos ilegales se ha disparado un 43% en un año, alcanzando los 1.712 casos detectados. A esto se suma el aumento de agresiones a funcionarios penitenciarios, que han alcanzado un máximo histórico con 10.568 ataques en el último año, un 7% más que en el anterior.

El deterioro del sistema penitenciario se refleja también en la evaluación oficial de las prisiones: 22 han sido calificadas como de «grave preocupación», siete más que el año pasado y un récord absoluto. Otras 37 están consideradas como «preocupantes». En total, la mitad de las cárceles de Inglaterra y Gales presentan un nivel de alerta elevado.

Desde el Partido Laborista, aseguran que las deportaciones han aumentado bajo el actual Gobierno y que se están adoptando medidas más contundentes de las que se tomaron con los conservadores.

Los tories, por su parte, estiman que mantener a los 6.673 presos extranjeros actualmente condenados cuesta a los contribuyentes más de 360 millones de libras al año, calculado en función de un coste medio por recluso de 54.000 libras.