Farage endurece su ofensiva migratoria
Reform UK propone cerrar las empresas que contraten inmigrantes ilegales y encarcelar hasta cinco años a sus directivos
Reform UK propone cerrar las empresas que contraten inmigrantes ilegales y encarcelar hasta cinco años a sus directivos
Nigel Farage. Europa Press.
Por LGI
9 de agosto de 2026

Reform UK ha presentado un nuevo plan para endurecer las sanciones contra las empresas que empleen inmigrantes ilegales en Reino Unido, con multas que podrían alcanzar el 10% de su facturación mundial y penas de hasta cinco años de prisión para sus principales responsables.

La formación liderada por Nigel Farage plantea además que las compañías que se nieguen o sean incapaces de pagar las sanciones puedan llegar a ser disueltas y eliminadas del registro mercantil.

La propuesta, bautizada por el partido como «Ley Deliveroo», pretende reforzar el cumplimiento de las normas existentes contra el empleo ilegal y elevar considerablemente el coste económico para las empresas que recurran a trabajadores sin derecho a permanecer o trabajar en Reino Unido.

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, ha defendido que una compañía sancionada por contratar inmigrantes ilegales debe afrontar consecuencias similares a las que sufriría si dejara de pagar impuestos.

«Si una empresa decide no pagar las multas o es incapaz de hacerlo después de haber contratado inmigrantes ilegales, debe esperar que las autoridades actúen contra ella», afirmó Yusuf. Las medidas, explicó, podrían llegar «hasta la disolución de la compañía y su eliminación del registro».

Multas del 10% de la facturación mundial

El elemento más contundente del programa es el régimen de sanciones económicas. Las compañías descubiertas empleando ilegalmente a inmigrantes podrían afrontar multas equivalentes al 10% de su volumen de negocio global, una penalización especialmente dura para grandes multinacionales.

Reform UK plantea también responsabilizar personalmente a los altos ejecutivos de las empresas infractoras. Según el proyecto, los directivos podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel en los casos más graves.

El dinero recaudado mediante las sanciones sería utilizado, según el partido, para indemnizar a víctimas de delitos cometidos por inmigrantes y financiar programas destinados a revitalizar zonas comerciales en declive. Farage ha propuesto asimismo la creación de una línea pública de denuncias para que los ciudadanos puedan comunicar sospechas de empleo ilegal, con la obligación de que la Policía investigue las informaciones recibidas.

Reform UK amplía su programa contra la inmigración ilegal

La propuesta se integra en una estrategia migratoria mucho más amplia de Reform UK. El partido ya ha prometido poner en marcha deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, crear nuevas instalaciones de detención y retirar a Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al considerar que el marco jurídico europeo dificulta la expulsión de extranjeros sin derecho a permanecer en el país.

Uno de los planes anunciados por Reform contempla deportar hasta 600.000 inmigrantes ilegales en un periodo de cinco años. El endurecimiento de su discurso ha situado la inmigración en el centro de la competición política británica y ha obligado también al Partido Conservador a presentar nuevas propuestas sobre la materia.

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