El sistema de inmigración británico vuelve a situarse en el centro de la polémica tras conocerse que el gasto público en asistencia jurídica para inmigrantes ha alcanzado niveles récord, impulsado por un aumento masivo de recursos contra decisiones de deportación.
Las cifras oficiales muestran un crecimiento exponencial en los casos financiados con fondos públicos: de apenas 234 expedientes en 2013/14 se ha pasado a más de 2.200 en 2024/25, lo que supone un incremento cercano al 1.000% en una década. Estas ayudas se canalizan a través del denominado «Exceptional Case Funding», un mecanismo concebido inicialmente para situaciones extraordinarias.
Sin embargo, la realidad es que cada vez más solicitantes utilizan la Convención Europea de Derechos Humanos como vía para acceder a financiación pública, incluso en casos que no cumplen los criterios de excepcionalidad. Gracias a este recurso, los inmigrantes pueden obtener miles de libras en asistencia legal para recurrir decisiones del Ministerio del Interior o bloquear órdenes de expulsión.
Desde sectores críticos se denuncia que este mecanismo está desbordando el sistema y socavando las decisiones adoptadas por el Parlamento británico para limitar este tipo de ayudas. El responsable de Justicia en la oposición conservadora, Nick Timothy, ha sido contundente: «Las lagunas de la CEDH permiten a activistas y demandantes eludir la ley y deshacer la voluntad democrática».
El debate se intensifica en un contexto de creciente presión migratoria. Sólo en un día reciente, cerca de 600 inmigrantes cruzaron ilegalmente el Canal de la Mancha, mientras que el total anual ya supera los 6.000 llegados en pequeñas embarcaciones.
Fuentes de seguridad señalan además que las redes de tráfico de personas han adaptado sus rutas, utilizando incluso costas belgas para facilitar las salidas hacia territorio británico.
La combinación de aumento de llegadas ilegales, crecimiento del gasto público y uso intensivo de herramientas jurídicas internacionales está alimentando una creciente contestación política en Reino Unido, donde cada vez más voces reclaman una reforma profunda del sistema migratorio y de los compromisos legales que lo condicionan.
