Alarma por los matrimonios forzados en Reino Unido
Reino Unido registra 100 casos de niños de 12 años o menos vinculados a posibles matrimonios forzados: 27 tenían cinco años o menos
Reino Unido registra 100 casos de niños de 12 años o menos vinculados a posibles matrimonios forzados: 27 tenían cinco años o menos
Niños extranjeros en un colegio público. Redes sociales
Por LGI
31 de agosto de 2026

La unidad británica especializada en matrimonios forzados recibió entre 2021 y 2025 al menos 100 derivaciones relacionadas con niños de 12 años o menos, según datos del Ministerio del Interior obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información.

Entre ellos había 27 menores de cinco años o menos y un total de 62 tenían diez años o menos. Las cifras han provocado una fuerte alarma entre organizaciones dedicadas a combatir esta práctica, que advierten de que algunos niños podrían no regresar a las aulas cuando los colegios vuelvan a abrir en septiembre.

El Ministerio del Interior se ha negado a revelar la edad exacta del menor más joven remitido a la unidad, alegando que hacerlo podría disuadir a otras víctimas o familias de pedir ayuda.

Las autoridades recuerdan, no obstante, que una derivación no significa necesariamente que el matrimonio haya llegado a celebrarse. Puede tratarse de un matrimonio forzado consumado, previsto o simplemente sospechado. En los casos de niños especialmente pequeños también pueden aparecer promesas de matrimonio para el futuro, conocidas como compromisos, o situaciones relacionadas con mutilación genital femenina.

406 casos atendidos sólo durante 2025

La Unidad de Matrimonios Forzados, dependiente conjuntamente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Exteriores británicos, ofreció asistencia personalizada en 406 casos durante 2025.

De ellos, 163 —el 40%— correspondían a personas de 17 años o menos, mientras que 87 afectaban a menores de 15. Los servicios sociales remitieron 112 casos, la Policía 52 y los profesionales educativos otros 25.

En total, la unidad recibió durante el año 1.295 contactos relacionados con posibles matrimonios forzados o mutilación genital femenina. Los funcionarios británicos advierten de que el fenómeno permanece en gran medida oculto y que las estadísticas oficiales no reflejan necesariamente su verdadera dimensión.

Pakistán encabeza los países relacionados con los casos

Entre los expedientes atendidos durante 2025 que tenían alguna conexión internacional, Pakistán fue el país citado con mayor frecuencia, con 165 casos. Le siguieron Bangladesh, con 36, y Afganistán, con 28.

La unidad trabajó en total con casos relacionados con 34 países diferentes. El Ministerio del Interior insiste en que el matrimonio forzado «no es un problema específico de un país, religión o cultura» y recuerda que no existe un perfil único de víctima o agresor.

Sin embargo, los datos muestran que determinadas comunidades y países aparecen con mucha mayor frecuencia en los expedientes tratados por las autoridades británicas. El 64% de las personas asistidas eran ciudadanos británicos, incluidos ciudadanos con doble nacionalidad, mientras que otro 25% eran extranjeros. Tres de cada cuatro víctimas eran mujeres.

Algunos matrimonios se producen dentro del propio Reino Unido

El problema tampoco se limita a menores trasladados al extranjero. En 2022 se registraron nueve derivaciones de niños de 12 años o menos en las que no existía ningún elemento internacional, lo que implica que el potencial matrimonio se habría producido íntegramente dentro del Reino Unido.

Entre personas de todas las edades, este tipo de casos internos también está aumentando. En 2023 representaban el 4% de los expedientes; en 2024, el 6%; y en 2025 alcanzaron ya el 14%, con 58 casos. El propio Ministerio del Interior reconoce que estas cifras «siguen poniendo de relieve que los matrimonios forzados pueden producirse y se producen en Reino Unido».

«Habrá niños que no vuelvan al colegio»

Jasvinder Sanghera, fundadora de la organización Karma Nirvana y superviviente de un intento de matrimonio forzado, ha calificado las edades reveladas como «profundamente perturbadoras». Sanghera abandonó su hogar a los 14 años para evitar que su familia la obligara a casarse.

La activista advierte de que algunos menores pueden ser «prometidos a alguien desde el nacimiento» para celebrar el matrimonio años después. Su principal temor se concentra ahora en el comienzo del curso escolar. «Sé que cuando los colegios abran en septiembre habrá niños desaparecidos», ha advertido.

Sanghera plantea que algunos menores podrían no regresar a clase después de las vacaciones, mientras otros podrían volver comprometidos o incluso casados. «La aceptación cultural no significa aceptar lo inaceptable. Esto es abuso», ha sentenciado.

Denuncian miedo a actuar por temor a ser acusado de racismo

El analista de política social Rakib Ehsan ha señalado que los datos exponen «el oscuro reverso de la Gran Bretaña multicultural moderna». Ehsan sostiene que uno de los principales problemas es la actitud de determinadas instituciones públicas que, según denuncia, pueden mostrarse reticentes a intervenir con contundencia por miedo a ser acusadas de racismo o intolerancia hacia determinadas comunidades.

A su juicio, policías, servicios sociales, colegios y administraciones deberían anteponer su deber de protección de los menores a cualquier temor sobre las consecuencias políticas o culturales de intervenir. Sanghera coincide en ese diagnóstico y sostiene que los propios responsables de matrimonios forzados pueden utilizar las acusaciones de racismo para tratar de impedir que las autoridades actúen.

Hasta siete años de cárcel

Forzar a una persona a casarse constituye un delito en todo Reino Unido. En Inglaterra y Gales, la Ley de Matrimonio y Unión Civil de 2022 elevó la edad mínima legal para contraer matrimonio de los 16 a los 18 años desde febrero de 2023.

La legislación convirtió además en delito cualquier actuación destinada a provocar que un menor se case antes de cumplir los 18 años, incluso aunque no exista coacción física y aunque la ceremonia carezca de validez jurídica.

La pena máxima puede alcanzar los siete años de prisión. El Gobierno asegura haber reforzado también las instrucciones dirigidas a colegios para que profesores y trabajadores educativos sepan detectar posibles matrimonios forzados y otras formas de abuso.

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