
Seis países europeos prohíben ya el velo integral por seguridad ciudadana y dignidad de la mujer, en una tendencia que comenzó hace más de una década y que continúa expandiéndose por el continente. Francia fue el primer Estado en aplicar esta medida, vetando desde 2011 el uso del burka y el niqab en cualquier espacio público. Estas prendas —una de origen afgano, que cubre completamente el cuerpo y el rostro, y otra procedente del Golfo Pérsico, que deja apenas una rendija para los ojos— fueron consideradas incompatibles con los valores republicanos y con el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
El Gobierno francés amplió en 2023 las restricciones al introducir una nueva prohibición en las escuelas públicas: la de la ‘abaya’, una túnica que cubre todo el cuerpo pero deja visible el rostro. Según las autoridades, esta prenda fomentaba la segregación y estigmatización de las niñas a las que se imponía su uso desde el entorno familiar.
La legislación francesa inspiró a otros países europeos. Bélgica fue uno de los primeros en seguir su ejemplo, y su decisión recibió posteriormente el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Suiza, la ciudadanía ratificó en referéndum en 2021 el veto al burka y al niqab. Austria y Dinamarca también introdujeron medidas similares, aunque el Gobierno danés ha ido más allá con una propuesta presentada en 2024 para impedir que las menores de 14 años lleven cualquier tipo de velo en los colegios. Alemania, por su parte, limita la prohibición a determinados sectores públicos, como el Ejército, la judicatura y la administración civil.
Mientras tanto, distintas organizaciones musulmanas europeas han criticado estas políticas por considerarlas una vulneración de la libertad religiosa. Argumentan que cada mujer debe poder decidir libremente cómo vestir. Sin embargo, varios académicos y pensadores —muchos de ellos musulmanes— sostienen que el velo integral no tiene un origen religioso auténtico, sino cultural. Según esta corriente, se trata de una costumbre social preislámica que con el tiempo se sacralizó.
El ejemplo del burka afgano es ilustrativo: fue impuesto a comienzos del siglo XX por el emir Habibulá Khan para impedir que los hombres vieran el rostro de las mujeres de su harén. De ahí pasó a convertirse en una norma general bajo los regímenes islamistas, reforzada posteriormente por la ausencia de alternativas políticas en gran parte del mundo musulmán.
Incluso en las grandes capitales islámicas, el uso del velo ha cambiado drásticamente en pocas décadas. En el Cairo de los años setenta, la mayoría de las mujeres no lo llevaba. En Teherán, antes de la Revolución de 1979, el velo era visto como un símbolo campesino. Hoy, en cambio, su uso es obligatorio.
En Irán, algunas voces disidentes han cuestionado los fundamentos religiosos de esta práctica. La Nobel de la Paz Shirin Ebadi ha recordado que el velo integral no tiene base en el islam, y que incluso se considera inválida la peregrinación a La Meca si la mujer acude con el rostro cubierto.
Por otro lado, en España la preocupación por la situación de las mujeres y niñas de origen extranjero se refleja en otro tipo de prácticas. Según un informe de la Fundación Wassu y la Universidad Autónoma de Barcelona, más de 3.600 niñas residentes en el país se encuentran en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, siendo Cataluña —y especialmente Barcelona— la comunidad con mayor número de casos detectados.