Una abrumadora mayoría de británicos exige al Gobierno una respuesta firme ante la inmigración ilegal. Según una encuesta de la consultora More in Common, siete de cada diez ciudadanos del Reino Unido (el 69%) apoya el despliegue de la Marina Real en el Canal de la Mancha para frenar la entrada masiva de inmigrantes ilegales procedentes de Francia, mientras que sólo un 18% se opone a esta medida. La cifra refleja un respaldo social mayoritario a las tesis defendidas por Nigel Farage y su partido, Reform UK, que llevan meses denunciando la pasividad del Ejecutivo británico y la colaboración de las autoridades francesas con las mafias del tráfico de personas.
Durante el mandato del anterior primer ministro, Rishi Sunak, el Reino Unido pagó a Francia 478 millones de libras en 2023 para reforzar el control fronterizo, incluyendo la construcción de un centro de detención en suelo francés. Esa cifra se suma a más de 300 millones de libras transferidas en la última década. El resultado, sin embargo, ha sido un fracaso: más de 20.000 inmigrantes ilegales han cruzado el Canal sólo en la primera mitad de este año, un 50% más que en el mismo periodo de 2024.
El nuevo acuerdo anunciado por Keir Starmer y Emmanuel Macron, bautizado como “uno entra, uno sale”, ha sido recibido con escepticismo. Expertos advierten de que sólo permitirá devolver unas 50 personas a la semana a Francia, y que París podrá vetar quiénes son expulsados, lo que limita aún más su eficacia.
Farage ha calificado este pacto como “una farsa” y ha exigido que el Reino Unido reclame los 800 millones de libras entregados a Francia, acusando a las autoridades galas de escoltar a los ilegales hasta aguas británicas en lugar de impedir su salida.
El líder de Reform UK ha defendido aplicar en Reino Unido una política inspirada en la Operación Fronteras Soberanas del ex primer ministro australiano Tony Abbott, que logró frenar por completo la inmigración ilegal mediante la interceptación en el mar y la reubicación en terceros países de los supuestos solicitantes de asilo.
El modelo actual, en cambio, ha convertido a Gran Bretaña en un imán para la inmigración ilegal. Casi todos los que llegan en barco —en su mayoría varones en edad militar— solicitan asilo automáticamente y son alojados en hoteles a cargo del contribuyente, lo que ha desatado la indignación popular.
Las protestas se han intensificado especialmente tras el caso de una menor de 14 años presuntamente agredida sexualmente en Epping por un inmigrante etíope alojado en uno de estos hoteles. La presión social crece, y las encuestas reflejan el cambio de mentalidad.
Según More in Common, el 54% de los británicos cree que los inmigrantes vienen a aprovecharse del sistema de bienestar, mientras que el 49% considera que el Reino Unido ofrece ayudas más accesibles que otros países europeos. Sólo el 37% cree que su motivación principal es huir de conflictos.
