La plataforma ciudadana SOS Rural ha denunciado que la Comisión Europea ha comenzado a aplicar de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sin esperar a su ratificación por parte de las instituciones europeas. La decisión, confirmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha generado una fuerte reacción en el sector agrario, que advierte de un grave impacto económico y de una competencia desleal para los productores europeos.

La organización ha registrado ya cerca de 17.000 firmas ante la Comisión Europea para mostrar su rechazo a un tratado que considera perjudicial para el sector primario. Su portavoz nacional, Natalia Corbalán, sostiene en una entrevista en The Objective que la puesta en marcha del acuerdo sin el pronunciamiento del Parlamento vulnera el principio de lealtad institucional y abre la puerta a una competencia basada en la falta de reciprocidad normativa entre los productores europeos y los de los países de Mercosur.

Según denuncia la plataforma, el tratado permite que productos procedentes de países como Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay accedan al mercado europeo sin cumplir los mismos estándares que se exigen a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. Mientras el sector agrario europeo debe asumir exigentes requisitos en materia de trazabilidad, bienestar animal, uso de fitosanitarios, antibióticos o controles laborales, los productores de esos países no están obligados a garantizar las mismas condiciones.

Desde SOS Rural alertan de que esta situación puede provocar una pérdida de competitividad para miles de explotaciones europeas. El sector teme que la entrada masiva de productos más baratos presione los precios en origen y comprometa la viabilidad económica de numerosas explotaciones familiares, especialmente en sectores con márgenes reducidos y alta volatilidad.

La plataforma también advierte de posibles riesgos sanitarios. En los últimos años se han registrado diversas alertas relacionadas con productos procedentes de países de Mercosur, entre ellas casos de salmonella resistente a antibióticos o la presencia de residuos de sustancias prohibidas en la Unión Europea, como determinados plaguicidas o la hormona estradiol 17-β. Para la organización, permitir la entrada de alimentos producidos con sustancias vetadas en Europa resulta incoherente con las normas que se imponen al propio sector agrario europeo.

El impacto del acuerdo, según SOS Rural, también podría trasladarse al ámbito territorial y social. La pérdida de rentabilidad en el sector primario puede traducirse en el cierre de explotaciones, despoblación rural y una mayor dependencia exterior en productos estratégicos para la alimentación europea.

Ante esta situación, la plataforma reclama que cualquier acuerdo comercial garantice una reciprocidad normativa real entre productores. Entre sus propuestas figura la implantación de cláusulas espejo que obliguen a que los productos importados cumplan las mismas normas sanitarias, ambientales y laborales que rigen en la Unión Europea, así como controles efectivos en origen y en frontera.

SOS Rural insiste además en la necesidad de establecer mecanismos de salvaguarda que permitan reaccionar ante distorsiones del mercado o riesgos sanitarios desde el primer momento. A su juicio, abrir el mercado a sectores sensibles —como el vacuno, el arroz, la miel, los cítricos o el azúcar— sin evaluar previamente el impacto económico puede poner en riesgo la supervivencia de miles de explotaciones.

La organización subraya que el malestar del campo no se limita a este acuerdo concreto, sino que responde a un contexto más amplio marcado por el aumento de las exigencias regulatorias, el incremento de costes y la reducción progresiva de los márgenes de rentabilidad. En ese escenario, la aplicación del tratado con Mercosur se percibe como un nuevo factor de presión para un sector que ya arrastra importantes dificultades.

Por ello, SOS Rural considera que el debate sobre Mercosur no debe limitarse a una cuestión comercial, sino que afecta directamente al modelo productivo europeo y a la soberanía alimentaria del continente. La plataforma asegura que seguirá impulsando iniciativas para exigir cambios en el acuerdo y evitar que la apertura comercial se realice a costa del sector agrario europeo.