
Un inmigrante ilegal argelino ha sido condenado en Francia a seis meses de prisión tras agredir brutalmente a una mujer embarazada, a la que golpeó repetidamente en el vientre con una manopla metálica, pese a tener ya una orden de expulsión en vigor.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero en Montauban, cerca del Museo Ingres, donde la Policía encontró a la víctima —en estado de shock— tendida en la vía pública tras haber recibido varios golpes en el abdomen. Un vecino grabó la agresión con su teléfono móvil y dio aviso a las autoridades, que hallaron una manopla americana en las inmediaciones.
El agresor, identificado como Ihabd M., de 29 años, fue localizado poco después en la zona con una tasa de alcohol extremadamente elevada (1,16 gramos). En un primer momento intentó engañar a los agentes proporcionando una identidad falsa, pero las pruebas de ADN permitieron vincularlo con un robo con violencia previo en Burdeos.
Durante el juicio, el acusado negó inicialmente los hechos —«no la golpeé, no llevaba manopla»—, pero terminó reconociendo parcialmente la agresión cuando el tribunal visionó las imágenes grabadas por el testigo, según informa La Dépêche.
La víctima, madre de cuatro hijos y residente en Villeneuve-sur-Lot, relató que había mantenido una relación muy breve con el agresor, que derivó en violencia tras una noche de consumo de alcohol. Detalló que fue abofeteada, pateada y golpeada, lo que le provocó una hemorragia nasal y tres días de incapacidad total para trabajar. La mujer aseguró además que sospecha que su bebida pudo haber sido manipulada.
El tribunal también tuvo en cuenta otros delitos cometidos por el acusado en las semanas previas, incluidos varios robos en viviendas, uno de ellos frustrado por el propietario, que fue golpeado durante el forcejeo antes de que el agresor huyera junto a una acompañante. En otro inmueble se hallaron restos de sangre y un colchón, lo que reforzó la acusación.
Pese a que la defensa solicitó una pena suspendida alegando la «situación precaria» del argelino, el tribunal rechazó esa petición y lo condenó a seis meses de prisión, además de cinco años de prohibición de entrada en territorio francés y el pago de indemnizaciones tanto a la víctima como a los propietarios afectados por los robos.