Un alto asesor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asestado un nuevo golpe a la opacidad de la Comisión Europea en torno a los contratos de compra de vacunas contra el covid-19.

El abogado general Athanasios Rantos ha concluido que la Comisión no concedió al público un acceso suficientemente amplio a los polémicos acuerdos firmados con las farmacéuticas durante la pandemia, uno de los mayores programas de compra conjunta de la historia de la UE.

En su opinión, emitida este 12 de junio, Rantos recomienda al Tribunal que rechace el recurso presentado por la Comisión contra una sentencia del Tribunal General de 2024 y confirme que Bruselas no justificó adecuadamente las numerosas tachaduras aplicadas a los contratos.

La Comisión había publicado únicamente versiones fuertemente censuradas de los acuerdos, alegando confidencialidad comercial y protección de datos personales.

El dictamen se centra en dos ámbitos especialmente sensibles: los nombres y declaraciones de ausencia de conflicto de intereses de los miembros del equipo negociador conjunto de la Comisión, y las cláusulas contractuales relativas a la indemnización o protección de responsabilidad para las compañías farmacéuticas.

Rantos sostiene que la transparencia en el proceso de negociación de las vacunas contra el COVID-19 constituye un interés público específico bajo el Derecho europeo. A su juicio, publicar declaraciones anonimizadas sobre conflictos de interés no basta para que los ciudadanos puedan valorar adecuadamente la imparcialidad de quienes participaron en las negociaciones.

En cuanto a las cláusulas de indemnización, el abogado general considera que la Comisión no demostró de forma suficiente que su divulgación perjudicara los intereses comerciales de las empresas o aumentara los riesgos de responsabilidad.

El caso tiene su origen en las solicitudes presentadas por varios eurodiputados y ciudadanos que reclamaban un acceso más completo a los contratos firmados entre la Comisión Europea y compañías como Pfizer, BioNTech, Moderna y AstraZeneca en plena pandemia.

La opinión del abogado general no es vinculante, pero este tipo de dictámenes suele ser seguido por el Tribunal de Justicia en la mayoría de los casos. La sentencia definitiva se espera para finales de este año.

El nuevo revés llega en medio de las críticas persistentes por la falta de transparencia en el programa europeo de adquisición de vacunas, valorado en unos 71.000 millones de euros. Se trató de una de las mayores operaciones de compra conjunta de la historia comunitaria y afectó directamente a millones de ciudadanos europeos.

Durante años, eurodiputados, activistas por la transparencia y sectores críticos de la gestión pandémica han denunciado que el secretismo de Bruselas dañó la confianza pública en las instituciones europeas e impidió fiscalizar aspectos esenciales como los precios, las responsabilidades asumidas por los Estados y los posibles conflictos de interés.

La demanda contra la Comisión fue impulsada en abril de 2022 por cinco eurodiputados del grupo Verdes/ALE, que reclamaban mayor acceso a los acuerdos de compra de vacunas.

La Comisión, por su parte, ha defendido de forma reiterada su posición y sostiene que revelar íntegramente los contratos podría perjudicar las negociaciones con las farmacéuticas y exponer información comercial sensible.

Sin embargo, la opinión de Rantos refuerza la lectura ya formulada por el Tribunal General: Bruselas no encontró el equilibrio adecuado entre la protección de intereses comerciales y el derecho del público a conocer cómo se negociaron contratos multimillonarios pagados con dinero europeo.