El inmigrante ilegal marroquí que asesinó a Philippine tenía un largo historial de fugas, agresiones y fracasos judiciales que le habían permitido permanecer libre pese a las múltiples alertas sobre su peligrosidad. Se trata de Taha Oualidat, nacido en 2002 en la ciudad marroquí de Uchda, quien había llegado a Francia en 2019 junto a su familia aprovechando visados turísticos y permaneció en el país de forma irregular desde entonces.

Su trayectoria delictiva comenzó poco después de su llegada. Apenas dos meses después de pisar suelo francés, el 31 de agosto de 2019, atacó y violó brutalmente a una mujer de 22 años en un bosque de Taverny (Val-d’Oise), cerca del centro de acogida de la Cruz Roja donde residía. Durante la agresión, llegó a amenazarla con un trozo de madera afilado mientras repetía: «Tengo un veinte por ciento de fuerza, puedo matarte». A pesar de la gravedad del crimen, y tras un proceso judicial lleno de errores y retrasos, Oualidat ha acabado saliendo en libertad pese a todos sus delitos.

El joven marroquí fue condenado por aquella violación y trasladado posteriormente a un centro de detención administrativa (CRA) a la espera de su deportación. Sin embargo, su expulsión nunca se materializó porque Marruecos no emitió el salvoconducto consular necesario. Aunque los propios funcionarios franceses reconocían su peligrosidad, un juez de libertades y detención ordenó su excarcelación y le impuso un arresto domiciliario en un hotel de Auxerre. Oualidat jamás se presentó en el lugar y desapareció, quedando en libertad total desde principios de septiembre de 2024.

Las autoridades ya conocían el perfil problemático del joven. Criado en una familia de origen humilde, Taha tenía tres hermanas nacidas en 2005, 2010 y 2014. Sus padres habían viajado a Francia en diciembre de 2018, alegando que la hija menor necesitaba tratamiento médico por asma y estrabismo. El padre regresó a Marruecos, pero meses después volvió al país europeo con los otros hijos, también con visados turísticos Schengen expedidos por España. Fue entonces cuando Taha comenzó a escaparse de casa con frecuencia, llegando a pasar varios días sin dar señales de vida.

Tras múltiples ausencias, los servicios de protección infantil franceses (ASE) asumieron su tutela y lo alojaron en un centro de la Cruz Roja. Ante los trabajadores sociales, Taha llegó a afirmar que su madre había muerto y que era un «menor no acompañado», con el objetivo de acelerar la obtención de documentos y permisos de residencia.

Para septiembre de 2024, todos los miembros de la familia Oualidat se encontraban en situación irregular en Francia. La madre acumulaba una orden de deportación desde junio de 2020, mientras el resto residía en distintas localidades sin autorización. En esos mismos días, el registro telefónico del propio Taha reflejaba movimientos repetidos por el Bois de Boulogne, los días 19, 20 y 21 de septiembre. Las autoridades investigan si esos desplazamientos correspondían a una labor de vigilancia o preparación previa al asesinato de Philippine, cometido en la zona pocas horas después.