La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, presentó un informe en el que afirma que «la práctica de los vientres de alquiler se caracterizan por la explotación y la violencia contra las mujeres y los niños, incluidas las niñas». Se trata de la primera vez que un organismo internacional formula un pronunciamiento tan contundente sobre esta cuestión, situando la subrogación en el mismo plano que otras formas de abuso y mercantilización del cuerpo femenino.

La Declaración de Casablanca, una red internacional que agrupa a asociaciones y expertos dedicados a la abolición de la gestación subrogada, celebró el documento de la ONU a través de su portavoz, Olivia Maurel. Nacida mediante este procedimiento y hoy activista por su prohibición global, Maurel destacó que el informe constituye «un reconocimiento inédito al más alto nivel internacional de que la gestación subrogada no es un acto de generosidad, sino una forma de violencia y explotación».

Lejos de limitarse a una condena ética, el informe urge a los Estados a actuar con medidas concretas. En sus conclusiones recomienda la aprobación de un tratado internacional jurídicamente vinculante que prohíba toda modalidad de subrogación. El texto detalla 19 propuestas prácticas, inspiradas en el modelo nórdico aplicado a la prostitución: penalizar a compradores, intermediarios y clínicas, al tiempo que se protege y despenaliza a las mujeres implicadas.

La aplicación de estas recomendaciones supondría, en la práctica, el cierre de las ferias comerciales y campañas encubiertas que, pese a la prohibición en varios países, promocionan la gestación subrogada a través de figuras públicas y anuncios en prensa. En Francia, por ejemplo, la feria «Deseo de un Bebé», celebrada en 2024, fue objeto de acciones legales precisamente por ofrecer servicios relacionados con esta práctica.

El posicionamiento de la ONU refuerza una línea de endurecimiento legal que ya han adoptado algunos países europeos. Italia modificó en 2024 su legislación para sancionar con severidad tanto a quienes recurran a la gestación subrogada en su territorio como a aquellos que lo hagan en el extranjero, sin distinción entre parejas heterosexuales u homosexuales. En contraste, en Francia, el ex primer ministro Gabriel Attal se mostró partidario de explorar una supuesta «subrogación ética», una postura que queda frontalmente cuestionada por la contundencia de la declaración internacional.

Cabe recordar que en abril de 2024 el Parlamento Europeo ya había dado un paso al incluir la explotación derivada de la gestación subrogada dentro de su directiva contra la trata de personas. Sin embargo, el texto comunitario evitó pronunciarse sobre los derechos de los menores nacidos por este procedimiento. Ahora, Naciones Unidas eleva el nivel de exigencia y deja en manos de los Estados la responsabilidad de prohibir definitivamente la práctica y de cerrar la puerta al reconocimiento legal de los nacimientos fruto de este mecanismo, lo que hasta ahora ha funcionado como una vía encubierta de tolerancia.