La violencia más brutal volvió a golpear el corazón de Francia en la madrugada del jueves en Niza, donde una mujer de 90 años fue presuntamente violada en su propio domicilio por un individuo que residía ilegalmente en el país. El sospechoso, un tunecino de 29 años, fue detenido pocas horas después de los hechos y permanece desde el domingo en prisión preventiva tras ser imputado por violación de una persona especialmente vulnerable.

Según informó la fiscalía de Niza en un comunicado difundido el sábado por la noche, los hechos se produjeron entre las cuatro y las cinco de la madrugada del 23 de enero en un edificio situado en el Boulevard de la Madeleine, al noroeste de la ciudad. La víctima, que vivía sola en su apartamento, alertó a la Policía tras sufrir una agresión de extrema violencia por parte de un individuo que irrumpió en su vivienda.

Durante su declaración, la mujer relató haber sido sometida a varios actos de penetración. Como consecuencia de la agresión, fue trasladada a un centro hospitalario con lesiones en manos, brazos y piernas.

La investigación permitió identificar y arrestar con rapidez al sospechoso. De acuerdo con el magistrado encargado del caso, el hombre okupaba, junto a otros inmigrantes ilegales, un apartamento contiguo al de la víctima en el momento de los hechos. En el momento de su detención se encontraba bajo los efectos de distintas sustancias, con resultados positivos en cannabis y cocaína, además de haber ingerido alcohol.

Durante el interrogatorio, el acusado reconoció haber entrado en el domicilio de la anciana, aunque negó la violación y alegó encontrarse intoxicado en el momento de la intrusión.

El detenido nació en 1997 en Túnez y no constaba hasta ahora en los archivos policiales franceses. Sin embargo, el pasado 11 de enero había sido objeto de una orden de salida del territorio francés y de una orden de arresto domiciliario dictadas por la prefectura de Saona y Loira, medidas que no impidieron que siguiera residiendo de forma ilegal en el país.

El caso vuelve a poner el foco en las consecuencias de una política migratoria incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos más vulnerables, incluso cuando existen órdenes administrativas previas que deberían impedir que individuos en situación irregular sigan circulando libremente.