Casi seis años después de la muerte de Tamar, una niña neerlandesa de 14 años, el principal sospechoso será finalmente juzgado por la Justicia de Países Bajos tras una larga batalla de sus padres para que el caso no quedara cerrado con una simple multa.

La menor, natural de la isla neerlandesa de Marken, murió en julio de 2020 tras ser atropellada por un vehículo en la carretera Zeedijk, que conecta Marken con Monnickendam. El acusado es Jamal T., un ciudadano iraquí que entonces solicitaba asilo en Alemania y conducía un coche con matrícula alemana.

El caso se produjo durante la noche del 25 de julio de 2020, después de que Tamar saliera de casa tras una discusión familiar relacionada con el uso del teléfono y el ordenador. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en el arcén de la carretera. Los informes médicos concluyeron que la niña murió probablemente en el acto por el impacto.

La polémica se agravó cuando la familia descubrió que las autoridades no habían informado correctamente sobre el origen del conductor. Según la madre de Tamar, la Policía le dijo inicialmente que el hombre era alemán. Más tarde se supo que los cuatro ocupantes del vehículo tenían origen iraquí y se dirigían a un camping.

La madre denunció ante medios neerlandeses que, al conocer el verdadero origen del sospechoso, la Policía le explicó que había ocultado esa información porque no quería generar un «efecto Wilders», en referencia al líder de la derecha neerlandesa Geert Wilders. Para la familia, aquello supuso un segundo golpe tras la muerte de la menor.

La mujer acusó a las autoridades de haber dado una explicación política en lugar de actuar con transparencia. «Deberían haber sido honestos», reprochó.

El conductor abandonó el lugar del atropello. Además, según las informaciones del caso, los indicios forenses apuntan a que el cuerpo de Tamar habría sido movido en la escena. El vehículo fue limpiado y vendido dos meses después del atropello. Jamal T. afirmó que no se dio cuenta de que había atropellado a una persona. Según su versión, pensó que había golpeado «algo», pero no sabía qué.

Los análisis forenses confirmaron que el vehículo del sospechoso fue el que impactó contra la menor y causó las lesiones mortales. Sin embargo, la Fiscalía rechazó inicialmente presentar cargos penales al considerar que no podía probarse que el conductor hubiera cometido errores graves de tráfico.

Pese a haber huido del lugar, el acusado recibió únicamente una multa de 1.500 euros por mirar el teléfono mientras conducía. Ni siquiera llegó a abonarla, ya que desapareció y la notificación permaneció durante años sin poder ser entregada.

La familia decidió entonces actuar por su cuenta y recurrió al procedimiento previsto en el artículo 12 de la legislación neerlandesa, que permite a los ciudadanos impugnar la negativa de la Fiscalía a llevar un caso ante los tribunales.

Ahora, tras años de insistencia, el iraquí de 33 años será procesado por el accidente mortal y por abandonar el lugar de los hechos.

El abogado de la familia, Sébas Diekstra, ha subrayado la carga emocional que supone este momento para los padres y hermanos de Tamar. «Para los padres y hermanos de Tamar, este es un momento largamente esperado y cargado de tensión. Después de años de incertidumbre y espera, finalmente se ha alcanzado el punto en el que el caso será sustancialmente examinado», declaró al medio neerlandés AD.

El letrado señaló que el camino ha sido «duro y agotador» para la familia, que durante años sintió que su causa permanecía paralizada mientras seguía enfrentándose cada día a la pérdida de Tamar y a preguntas sin respuesta.

«Una cosa es central para ellos: verdad y justicia», afirmó Diekstra. El abogado sostiene que el expediente y los indicios del caso muestran que no existe un escenario realista distinto a que Tamar fuera movida después de la colisión. Por ello, considera que el asunto nunca debió quedar apartado y debe ser examinado ahora por un tribunal penal.