Un inmigrante de origen iraquí se enfrenta a sólo ocho semanas de prisión por atropellar y matar a la niña neerlandesa de 14 años Tamar en el verano de 2020 y abandonar después el lugar del accidente sin prestarle ayuda —y presuntamente mover el cuerpo—. El Ministerio Público de Países Bajos ha solicitado esta pena durante la vista celebrada a finales de junio de 2026, dividida en dos semanas por conducción imprudente —al ir distraído con el teléfono móvil— y seis semanas adicionales por huir sin llamar a emergencias. El conductor, Jamal T., de 33 años y residente en Alemania con trámites de asilo, circulaba aquella noche en un Mazda junto a otros tres compatriotas iraquíes.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de julio de 2020 en Ámsterdam, entre Monnickendam y Marken. Tamar había salido de casa tras una discusión con sus padres y fue encontrada muerta en la berma de la carretera. El vehículo la atropelló y el conductor, según su propia declaración, pensó que había golpeado un bache o un animal. Se detuvo brevemente, observó los daños y continuó su camino sin percatarse de que había arrollado a una persona.

Inicialmente, las autoridades neerlandesas consideraron que una multa de 1.500 euros por conducción imprudente era suficiente. Jamal T. nunca llegó a abonarla porque regresó a Alemania sin facilitar una dirección actualizada. La investigación se cerró con esa sanción económica y sin cargos más graves, a pesar de que el coche contaba con cuatro ocupantes de origen iraquí que habían cruzado desde Alemania.

La madre de la víctima, Trijntje Boes, inició entonces una larga batalla legal que se prolongó casi seis años. A través de recursos y un procedimiento del artículo 12, consiguió que el caso se reabriera. Durante este tiempo, expertos independientes contratados por la familia sostuvieron que el cuerpo de Tamar pudo haber sido movido tras el impacto, algo que la fiscalía niega. Además, la propia madre ha denunciado públicamente que la policía le informó en un primer momento de que el conductor era «alemán», con el argumento de evitar un «efecto Wilders».

El caso ha adquirido una fuerte carga política en Países Bajos por la nacionalidad del conductor y la forma en que se gestionó la información al principio. La revelación de que se trató de un solicitante de asilo iraquí que no debía abandonar Alemania generó críticas sobre la transparencia de las autoridades y la posible influencia de consideraciones políticas en la investigación inicial. La sobrina de la madre, especialista en informática forense, localizó el vehículo en menos de tres horas por iniciativa propia, mientras que la policía no actuó con la misma celeridad.

La vista judicial de junio de 2026 ha devuelto el caso a la actualidad. Aunque la fiscalía pide ocho semanas de cárcel, la sentencia aún no es firme y la familia considera que la pena solicitada resulta insuficiente para un atropello mortal seguido de fuga. El proceso ha puesto de relieve las tensiones en torno a la inmigración, la seguridad vial y la confianza de los ciudadanos neerlandeses en su sistema judicial.