La Justicia de Países Bajos ha condenado este martes a 20 años de prisión a un hombre considerado uno de los responsables de una red internacional dedicada al tráfico de inmigración ilegal hacia Europa, una organización criminal que operaba desde Libia y sometía a los inmigrantes a condiciones extremas de violencia, extorsión y abuso.

La sentencia, dictada por un tribunal de la ciudad de Zwolle, considera probado que el acusado dirigía una estructura criminal dedicada a trasladar personas de forma ilegal a territorio europeo a cambio de dinero, vulnerando de forma directa las políticas migratorias nacionales y comunitarias. El fallo subraya la «naturaleza especialmente grave» de los delitos, así como el carácter «cruel, violento y degradante» del trato infligido a las víctimas.

Según la investigación judicial, cientos de inmigrantes fueron retenidos en almacenes de Libia en condiciones inhumanas, privados de alimentos y sometidos a abusos físicos y psicológicos mientras eran obligados a llamar a sus familiares para exigir pagos adicionales. Sólo después de que el dinero fuera entregado, las víctimas podían continuar su trayecto hacia Europa. Entre los afectados había menores y mujeres embarazadas, según recoge la resolución.

La red también se encargaba de preparar las embarcaciones utilizadas para cruzar el Mediterráneo. Se trataba de botes de goma o madera en pésimo estado, frecuentemente sobrecargados, sin medidas de seguridad y, en muchos casos, abandonados a la deriva sin motor ni chalecos salvavidas. La mayoría de los inmigrantes, además, no sabía nadar, lo que incrementaba el riesgo mortal de la travesía.

Los testimonios recogidos durante el proceso describen un clima constante de terror tanto durante la estancia forzada en Libia como en el viaje marítimo hacia Europa. El tribunal ha ordenado además al condenado el pago de más de 30.000 euros en concepto de indemnización a las víctimas.

La Fiscalía neerlandesa había informado a finales de 2025 de que un total de siete personas estaban acusadas en esta causa. El principal condenado fue extraditado desde Etiopía en 2022, donde ya había cumplido una pena previa por delitos relacionados con la trata de personas en África.