El Tribunal Regional de Viena ha absuelto a diez jóvenes, la mayoría de origen extranjero, pese a supuestamente violar a una niña de 12 años. El dictamen ha provocado un aluvión de críticas en Austria, donde tanto la opinión pública como responsables políticos y asociaciones de mujeres denuncian lo que consideran un fallo escandaloso.

Los magistrados concluyeron que las declaraciones de la menor, identificada como Anna, eran contradictorias y no alcanzaban el nivel de credibilidad necesario para sostener una condena. Con ello, los procesados, de entre 16 y 21 años, recibieron el beneficio de la duda y abandonaron el tribunal sonrientes, incluso haciendo gestos de celebración.

Para la madre de la niña, la decisión judicial supone una segunda herida: «Me pregunto si este Estado protege realmente a los niños o si, por el contrario, deja libres a quienes los dañan», afirmó entre lágrimas. El abogado de la familia, Sascha Flatz, fue igual de contundente: «Estamos hablando de una niña de doce años. Sus incoherencias no pueden interpretarse como mentiras, sino como las dificultades de una víctima tan joven y traumatizada para relatar lo sucedido».

En las calles y en las redes sociales, la indignación se multiplicó. Colectivos feministas y numerosas mujeres austriacas reclamaron endurecer las leyes de protección infantil y poner fin a lo que definen como una «falsa tolerancia» frente a los agresores. La periodista Conny Bischofberger, del diario Kronen Zeitung, habló sin rodeos de «burla a la víctima» y «señal catastrófica» para el país.

El caso, además, ha encendido la confrontación política. Herbert Kickl, líder del FPÖ, responsabilizó directamente a la inmigración masiva descontrolada de situaciones como esta: «Algo va muy mal en este país si ni siquiera nuestras hijas están a salvo». Desde el ÖVP, la ministra de Defensa Klaudia Tanner calificó lo sucedido como un auténtico escándalo judicial y alertó de que absoluciones de este tipo transmiten un mensaje fatal de permisividad.

La ministra de Justicia, Anna Sporrer, perteneciente al SPÖ, optó por la cautela, pero reconoció comprender la enorme preocupación generada. Anunció, en consecuencia, que su departamento trabaja ya en una reforma de la legislación penal en materia de delitos sexuales.

En este contexto, para la familia de Anna y sus representantes legales, el fallo no es simplemente una sentencia adversa, sino la demostración de que el sistema judicial austriaco ha fallado a quienes más necesitan protección. La exigencia que repiten una y otra vez es clara: la infancia debe ser defendida sin concesiones.