La Coalición de Mujeres sobre Inmigración ha reclamado al Gobierno irlandés que permita a las autoridades registrar el origen étnico de las personas acusadas de delitos violentos y sexuales.

La propuesta fue presentada este jueves en el Dáil Éireann, la Cámara Baja del Parlamento de Irlanda, durante un encuentro que reunió a representantes políticos, abogados, periodistas y activistas preocupados por la falta de transparencia en el debate migratorio.

Los participantes defendieron que la política de inmigración no puede construirse sobre consignas ideológicas ni sobre la ocultación de información relevante para la seguridad pública. El diputado Ken O’Flynn, del partido Independent Ireland, resumió el objetivo de la iniciativa: «Una buena política migratoria depende de un buen Gobierno, y un buen Gobierno requiere datos honestos, transparencia y debate abierto».

Datos para evaluar la inmigración y la delincuencia

La coalición sostiene que los ciudadanos deben poder acceder a información clara sobre la inmigración, sus efectos sociales y las consecuencias del Pacto Migratorio de la Unión Europea. Para ello, propone que las estadísticas oficiales incluyan el origen étnico de los acusados de delitos graves, especialmente en casos de violencia y agresiones sexuales.

Los promotores consideran que la ausencia de información detallada impide conocer si existen patrones concretos de criminalidad, dificulta la prevención y convierte cualquier discusión sobre el asunto en una batalla dominada por percepciones y acusaciones políticas.

La iniciativa no plantea atribuir responsabilidad colectiva a ningún grupo, sino disponer de datos comparables y verificables que permitan elaborar políticas públicas eficaces. «No se puede gestionar aquello que el Estado se niega a medir», sostienen los defensores de la propuesta.

Políticos, juristas y activistas respaldan la iniciativa

En la reunión participaron, entre otros, la senadora Sharon Keogan; la concejal del condado de Dublín Sur Linda de Courcy; el abogado y comentarista Nick Delehanty; la periodista Barbara McCarthy y la abogada Laoise De Brún, fundadora de la Coalición de Mujeres sobre Inmigración.

Los asistentes coincidieron en reclamar un debate público sin tabúes sobre la relación entre inmigración, integración y seguridad.

También denunciaron que las autoridades y buena parte de los medios evitan con frecuencia divulgar la nacionalidad, el origen o la situación migratoria de los sospechosos, especialmente cuando consideran que esa información podría alimentar acusaciones de racismo. Esta práctica, advierten, erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y alimenta la percepción de que existe una política de ocultación deliberada.

El miedo a los datos

Durante décadas, numerosos gobiernos europeos han rechazado elaborar estadísticas detalladas sobre el origen de los delincuentes alegando razones de privacidad, igualdad o prevención de la discriminación. Sin embargo, los críticos sostienen que esa opacidad no elimina los problemas, sino que impide analizarlos con rigor.

La ausencia de datos también facilita que los gobiernos presenten la inmigración exclusivamente desde una perspectiva económica o humanitaria, sin evaluar adecuadamente sus consecuencias sobre la policía, los tribunales, las prisiones y la convivencia social.

La coalición irlandesa defiende que publicar datos no equivale a criminalizar a toda una comunidad, del mismo modo que registrar la edad, el sexo o la reincidencia de un acusado no supone responsabilizar colectivamente a quienes comparten esas características.