Una investigación de The Telegraph ha documentado varios casos en los que Care4Calais respaldó a solicitantes de asilo que afirmaban ser menores de edad y que los tribunales determinaron que eran adultos. La organización les ayudó a recurrir las evaluaciones oficiales sobre su edad, según la información publicada el 21 de septiembre.
Entre los expedientes figura el de un ciudadano sudanés que recibió alojamiento destinado a menores tras una derivación de la ONG. Posteriormente, un juez concluyó que tenía veinte años cuando llegó a Reino Unido y cuestionó la credibilidad de su relato.
Decía tener diecisiete años, pero el tribunal determinó que tenía veintidós
Otro caso afecta a un ciudadano etíope que llegó en una pequeña embarcación desde Francia en marzo de 2025. Afirmó tener diecisiete años, sin aportar documentación que acreditara su nacimiento, e impugnó judicialmente su clasificación como adulto.
La jueza Sarah Grey concluyó que tenía veintidós años al entrar en el país. Según la cobertura del procedimiento, encontró contradicciones sobre su edad y su familia, además de modificaciones o eliminación de cuentas en redes sociales que mostraban que era mayor de edad.
La resolución rechazó su versión y consideró que había intentado inducir a error a las autoridades. Esa decisión se refería a la determinación de su edad; su solicitud de asilo seguía pendiente en la información publicada sobre el caso en abril.
Care4Calais defiende su asistencia jurídica
La investigación ha provocado críticas políticas. El portavoz conservador de Interior, Chris Philp, pidió que el organismo supervisor de las entidades benéficas investigara a Care4Calais.
La ONG rechazó las acusaciones de ilegalidad y defendió que facilita representación jurídica dentro de los procedimientos establecidos. También recordó que ha apoyado a solicitantes que finalmente fueron reconocidos como menores después de haber sido clasificados inicialmente como adultos.
En su propia página web, Care4Calais ofrece ayuda a jóvenes no acompañados que consideran incorrecta la edad asignada por el Ministerio del Interior o las autoridades locales. Su servicio contempla derivaciones para acceder a abogados y apoyo durante la tramitación del asilo.
La cuestión central es qué edad puede acreditarse y qué protección corresponde a cada solicitante. Las resoluciones descritas cuestionan las alegaciones de determinados beneficiarios de esa asistencia, pero no demuestran que la organización conociera previamente su edad real. Recurrir una evaluación tampoco equivale, por sí mismo, a cometer un fraude.
