Una familia siria asentada en Stuttgart ha supuesto más de un millón de euros en costes penitenciarios para el contribuyente alemán, según datos oficiales del Ministerio de Justicia de Baden-Württemberg, revelados tras una interpelación parlamentaria del partido soberanista AfD.

La información, solicitada por el diputado regional AfD, Daniel Lindenschmid, detalla el impacto económico y delictivo de un mismo núcleo familiar cuyos miembros han sido reincidentes habituales en delitos violentos. En total, ocho hijos del solicitante de asilo Abd Almudy H. generaron 1.053.508 euros en gastos de detención y prisión como consecuencia de sus condenas.

La familia extensa, formada por alrededor de 20 personas, residía en Stuttgart y fue vinculada por las autoridades a al menos 160 delitos hasta 2025. Entre ellos figuran agresiones físicas, amenazas, robos, apuñalamientos e incluso intentos de homicidio, configurando un historial criminal que convirtió el caso en un símbolo del fracaso de las políticas de acogida e integración.

Los expedientes más graves corresponden a varios hermanos con largos historiales penales. Uno de ellos, Mufed, de 22 años, costó por sí solo 254.140 euros tras ser condenado en febrero de 2025 a dos años de prisión por amenazas y coacciones, sumados a tres años previos en un centro de menores por delitos como agresión grave, incendio provocado y allanamiento. Otros hermanos acumularon decenas de miles de euros en costes penitenciarios tras apuñalamientos y agresiones reiteradas. Incluso menores de edad ingresaron en prisión, generando nuevos gastos al sistema.

Especialmente grave fue el caso de tres hermanos condenados por apuñalar a tres hombres en julio de 2024, cuyo encarcelamiento ha supuesto 575.280 euros adicionales. Sus excarcelaciones están previstas entre 2026 y 2027, momento en el que, según confirmó el secretario de Estado regional, serán expulsados del país en cuanto la ley lo permita.

En octubre de 2025, las autoridades lograron la salida de 17 miembros de la familia mediante un programa de «retorno controlado» financiado por el Estado, con un coste adicional de 45.228 euros, que incluyó billetes de avión, traslados, documentación y pagos en efectivo de unos 1.350 euros por persona. El Gobierno regional defendió la operación como más barata que mantenerlos encarcelados o iniciar largos procesos de expulsión, hoy imposibles por la situación en Siria.

El caso, que ya había provocado indignación nacional a finales de 2024, sólo salió a la luz tras la presión parlamentaria, evidenciando la opacidad institucional en materia de delincuencia vinculada a la inmigración. Para las autoridades regionales, la expulsión fue «dinero bien invertido»; para muchos ciudadanos, el episodio confirma que Alemania paga un precio creciente por políticas migratorias sin control, tanto en seguridad como en dinero público.