El Senado de Francia protagonizó esta semana un giro inesperado en la tramitación de la ley de eutanasia al desmontar el núcleo del proyecto impulsado por el Gobierno de Emmanuel Macron y reafirmar la prohibición del suicidio asistido y de la muerte provocada por razones médicas.

Tras una primera votación que parecía allanar el camino a la llamada «ayuda médica para morir», la Cámara Alta rechazó el artículo clave que consagraba la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes «al final de la vida». La votación —144 votos en contra frente a 123 a favor— dinamitó el corazón de la reforma y dejó el texto prácticamente sin contenido.

La revuelta parlamentaria se produjo gracias a una alianza entre senadores de la derecha y del centro, decididos a bloquear una iniciativa que el Ejecutivo persigue desde el inicio del primer mandato de Macron. El senador Stéphane Ravie de la Agrupación Nacional calificó la eutanasia como «un crimen contra la humanidad», reflejando la dureza del rechazo en una parte sustancial del Senado.

El vuelco fue posible también por votos procedentes de la izquierda, aunque por un motivo distinto: varios senadores socialistas y aliados consideraron el proyecto demasiado restrictivo, al limitar la eutanasia a los pacientes en fase terminal y no extenderla a quienes se encuentren en un estado avanzado de enfermedad. Su gesto de protesta terminó teniendo consecuencias letales para la ley, algo que ni siquiera ellos esperaban.

Ante el bloqueo, el Gobierno optó por seguir adelante con el debate. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, advirtió que retirar el texto supondría paralizar el proceso parlamentario. Sin embargo, poco después, el Senado aprobó una enmienda decisiva que reescribe por completo el proyecto y hace jurídicamente imposible introducir la eutanasia en Francia.

El nuevo texto consagra que toda persona tiene derecho al alivio del dolor y del sufrimiento hasta su muerte, pero sin ninguna intervención voluntaria destinada a provocar la muerte. La vicepresidenta del Senado, Anne Chain-Larché, defendió la enmienda asegurando que administrar una sustancia letal no puede considerarse un acto médico, y que la verdadera dignidad consiste en garantizar cuidados paliativos eficaces, no en ofrecer la muerte como solución.

Tras esta votación, los senadores reescribieron de forma sistemática otros artículos del proyecto, introduciendo salvaguardas adicionales, como una cláusula de objeción de conciencia colectiva solicitada por confesiones religiosas. Además, fue eliminada la figura del delito de «obstrucción a la eutanasia», que el Gobierno quería castigar con penas de cárcel y multas elevadas.