La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado de forma oficial el cierre del procedimiento del artículo 7 contra Polonia para alentar a la coalición del primer ministro, Donald Tusk, en las elecciones europeas del 9 de junio.
El procedimiento ideológico se inició con el Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS), miembro del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), bajo la excusa de supuestas «preocupaciones» por las reformas judiciales emprendidas para aumentar la eficiencia del sistema judicial.
La decisión es política y llega ante la persecución del PiS a la oposición, el intento de apropiarse de las instituciones y el avance contra la libertad de prensa de un Ejecutivo, el de Donald Tusk, apoyado por los populares y los socialistas.
«No ha habido ningún cambio legislativo significativo en Polonia y, sin embargo, los ataques a nuestro país han cesado. Esto no fue más que un teatro político destinado a favorecer un cambio de Gobierno», afirmó el exviceministro de Justicia durante el Ejecutivo del PiS, Sebastian Kaleta.
Así, se multiplican las voces que afirman que la decisión de Von der Leyen a poco más de un mes de unas elecciones europeas decisivas para el futuro de Europa —y en las que las fuerzas conservadoras, patriotas y soberanistas pueden lograr un cambio en favor de la soberanía nacional frente a los burócratas de Bruselas— «sólo sirve a una agenda política» y para la «propaganda» de movimiento de Tusk.
