El Ministerio del Interior ha instruido a las cárceles españolas para ayudar a los presos extranjeros a acogerse a la «regularización extraordinaria», ignorando el cruce de antecedentes penales que exige el Reglamento Eurodac. El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha exigido una condena formal de la Comisión Europea y ha recordado que el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite el recurso de VOX contra el decreto.

En las mismas semanas en que Alemania refuerza los controles en sus fronteras interiores, Francia debate la expulsión acelerada de extranjeros con antecedentes penales, Italia intensifica los acuerdos de retorno con terceros países y el Parlamento Europeo aprueba el Reglamento de Retornos más duro de su historia gracias a Patriotas y a VOX, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una «regularización» que ya ha colapsado oficinas de extranjería en toda España y ordena a los centros penitenciarios que faciliten activamente el proceso de «regularización» a los presos extranjeros, más del 30% de la población reclusa (más de 15.000).

Para Jorge Buxadé, el problema central no es sólo político sino jurídico y de seguridad para el conjunto del espacio Schengen. El decreto elude el Reglamento Eurodac que obliga a cruzar las bases de datos criminales de todos los Estados miembros antes de conceder cualquier estatus legal. El resultado es que un recluso sin antecedentes en España pero con condenas en Alemania, Francia o Italia puede obtener documentación legal española y circular libremente por el espacio Schengen. «El filtro es inexistente. Estamos poniendo en riesgo la seguridad de toda la Unión Europea», ha advertido.

Buxadé ha anunciado acciones ante el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y Europol para que Bruselas se pronuncie de forma explícita y urgente. Ha subrayado que la respuesta de las instituciones europeas no puede limitarse a declaraciones de preocupación: «Exigimos una condena que anime al Tribunal Supremo a proceder a la suspensión inmediata de este real decreto, que constituye el mayor riesgo existencial para España y para la propia Unión Europea».