El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha negado que sus críticas a la Fiscalía por las acusaciones contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, supongan una intromisión en el sistema judicial, en respuesta a una carta crítica del procurador general interino, Eduardo Casal.
El procurador se reunió el jueves con los principales fiscales de la causa por fraude abierta contra Fernández. El Ministerio Público había pedido contra ella esta semana doce años de cárcel, lo que recibió una respuesta frontal por parte de los principales líderes políticos kirchneristas.
Casal considera que las críticas expresadas públicamente por el presidente representan «una clara perturbación» sobre la labor de la fiscales. «Esas expresiones no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida», le trasladó el procurador a Fernández en una carta.
El presidente le ha respondido en otra misiva para alegar que en ningún momento ha querido «condicionar» la actuación fiscal. Fernández, que ha dicho representar la opinión de «una gran parte de la ciudadanía», ha afirmado que se ha limitado a ejercer su derecho a la libertad de expresión y que el poder judicial no puede estar «exento de críticas».
