La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, ha alertado este viernes de la «militarización» de la seguridad pública en Honduras y ha condenado el recorte de libertades y derechos fundamentales de la población en el marco del estado de emergencia prorrogado por las autoridades para luchar contra el crimen.

En un comunicado, Hurtado ha indicado que tras la nueva extensión el miércoles del estado de emergencia durante un periodo de otros 45 días, la población ve peligrar su derecho a «la libertad de movimiento, la libertad personal y la libre asociación«. Así, ha recordado que dicha medida se remonta a diciembre de 2022, cuando se introdujo por primera vez.

El estado de emergencia sigue vigente en 17 de los 18 departamentos de Honduras, mientras que desde el 21 de junio es el Ejército el que se encarga de la gestión de las prisiones del país ante el aumento de la violencia.

No obstante, esto ha provocado, según los análisis realizados, que algunas operaciones militares en las cárceles se han saldado con «palizas y golpes» contra los reos por parte de efectivos. «Los reclusos también han sido privados del sueño y se les ha racionado la comida y el agua, acciones que pueden constituir malos tratos», ha indicado Hurtado.

Además, ha expresado que existe una «necesidad urgente» de abordar la violencia que «prevalece en el país tanto dentro como fuera de las cárceles, pero estamos extremadamente preocupados por algunas medidas» adoptadas por el Gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.