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podría ser condenado a 82 años de cárcel

Detenido el exprocurador de México por su investigación del caso ‘Ayotzinapa’

Fotografías de varios de los estudiantes desaparecidos en el caso Ayotzinapa. Europa Press

La Fiscalía General de la República (FGR), detuvo este viernes 19 de agosto al ex procurador general del sexenio previo, Jesús Murillo Karam, por su presunta comisión de delitos en torno a la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos”, mejor conocida como “Ayotzinapa”, y famosa, junto con muchas otras escuelas rurales iguales, por ser semillero para adoctrinar a activistas comunistas radicales.

La Fiscalía General dio a conocer que Murillo Karam es señalado por delitos “contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura”, en relación a la investigación por la desaparición de los estudiantes, ocurrida en 2014.

Llama la atención que la FGR, que se precia de ser “autónoma” del jefe del Poder Ejecutivo, de no “recibir línea”, haya detenido a Murillo Karam justo un día después de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente socialista de México, dio a conocer las conclusiones preliminares llevadas a cabo por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia respecto al caso Ayotzinapa, subrayando que habría sido un “crimen de Estado”.

A Murillo Karam no se le responsabiliza, por supuesto, de tener que ver con la desaparición misma de los 43 estudiantes, sino de haber presuntamente manipulado de cierta manera la información, para vender una versión oficial sobre tales hechos, a la que llamó: “Verdad histórica”.

Tal “verdad histórica”, según la interpretación desde la izquierda ahora en el Gobierno, intentaba ocultar que se trataba de un crimen en el que habrían tenido participación en algún grado fuerzas al servicio del Estado, en connivencia con el crimen.

Pero lo que parece ocupar más a sectores de la izquierda, es presentar como libres de toda responsabilidad de sus actos vandálicos a los propios estudiantes (como la toma de autobuses), sobre quienes se han dicho muchas versiones a lo largo de 8 años (de 2014 a 2022), algunas de las cuales los asociaban actividades fuera de la ley, que le habrían molestado a los manejadores del crimen organizado en el estado de Guerrero, quienes habrían ordenado su asesinato.

El viernes 19 de agosto fueron presentadas las conclusiones “preliminares” del informe por Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, declaró Encinas, quien además subrayó que de acuerdo a las investigaciones, “autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes”: habrían, de acuerdo al informe citado, alterado “hechos y circunstancias”, para llevar los resultados hacia otra dirección.

El subsecretario Encinas declaró que “sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.

En la conferencia de prensa de este lunes 22 de agosto, AMLO dijo que en el “Gobierno de la Cuarta Transformación el Estado es el principal defensor de los derechos humanos y garantizó la no repetición de hechos como los ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, fecha en que se registró la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero”.

Y añadió: “Es uno de los hechos más vergonzosos, lamentables, dolorosos en la historia reciente del país. Hay que ventilarlo, evidenciarlo para que no haya repetición, nunca más estos hechos en el país, nunca más. Independientemente del castigo, que no se quiera justificar bajo ninguna circunstancia un crimen así”.

AMLO se mostró decidido a no proteger a miembros de las Fuerzas Armadas que podrían resultar cómplices de los hechos lamentables de 2014. En alusión a la investigación de Murillo Karam y su “verdad histórica” añadió:

“Nada de que se actuó así para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas. No. El prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene actuando con rectitud, no ocultando las cosas. Además, como institución es una cosa y la actitud de ciertos miembros es otra. No es lo mismo: ‘es que se va a dañar, se va a manchar el Ejército’. Se manchan si hay complicidad, si no se actúa con la verdad, si no, no tienen por qué mancharse; se castiga a los responsables y se limpia. (…) ¿Quién puede ser más importante que la justicia y la verdad?”, dijo.

Murillo Karam, con 74 años de edad, no opuso resistencia al ser detenido. Y cuando fue presentado ante un juez, tras una audiencia que duró 12 horas, sólo dijo respecto a su situación: “Se derrotó la presunción de inocencia”. Permanece preso en el Reclusorio Oriente.

El ex procurador podría recibir hasta 82 años de cárcel sumando los delitos que se le atribuyen. Por desaparición forzada podría permanecer “entre 40 y 60 años de prisión; por tortura, de 3 a 12 años, y por delitos contra la administración de la justicia, de 4 y 10 años”, según información de El Financiero.

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