Salen a relucir nuevos detalles sobre las terribles condiciones reclusión a las que ha sido sometido el expresidente patriota de Brasil Jair Bolsonaro, además de la serie de irregularidades durante el proceso judicial que se concretó en una condena de más de 27 años de cárcel en un proceso de persecución política.

El procedimiento orquestado por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se encuentra plagado de inconsistencias e injusticias flagrantes, evidenciándose esto a partir del mismo hecho de que Bolsonaro es el único expresidente de Brasil que no fue juzgado por un juez de primera instancia ni por el pleno de la Corte Suprema, sino por una sala integrada por apenas cinco jueces en la que tres de ellos tienen un claro conflicto de interés.

Vale recordar además que cuando es la Corte Suprema quien juzga no existe a quién apelar, con lo que se vulneró el derecho a la defensa del exmandatario. El juicio fue conducido a un ritmo acelerado, con plazos procesales reducidos, con un objetivo claro: producir una condena antes de 2026, un año electoral. Claramente esto se debe a que Jair Bolsonaro continúa movilizando a millones de brasileños y siendo el principal referente de liderazgo patriota en el país sudamericano.

La tortura en la cárcel

Pero la cosa no queda allí. Antes de ir a prisión definitiva Bolsonaro fue sometido a prisión preventiva, uso de tobillera electrónica, censura total de sus redes sociales y restricciones a su comunicación y exposición pública; un conjunto de medidas claramente atentatorias contra el debido proceso, además de ignorar completamente la condición de salud del expresidente, que es muy delicada.

Tras la condena, fue inicialmente trasladado a la cárcel de la Policía Federal, sin ventanas, sin luz solar y bajo un ruido constante, condiciones que múltiples organismos internacionales califican como trato degradante. Sólo después de una fuerte presión pública fue transferido a la cárcel de la Policía Militar del Distrito Federal. Todo esto a pesar de que Bolsonaro tiene más de 70 años, es una persona mayor, y posee un historial médico extremadamente grave, con múltiples cirugías derivadas del atentado terrorista sufrido en 2018 que casi le costó la vida.

Incluso ante episodios clínicos graves ocurridos en prisión, solicitudes médicas urgentes hechas por su familia y defensores fueron inicialmente negadas, incluida la realización de exámenes básicos tras una caída con traumatismo craneal. Sólo después de presión pública se autorizó la atención hospitalaria, en flagrante violación de la legislación brasileña y de tratados internacionales.

Mientras tanto, delincuentes peligrosos obtienen hábeas corpus con facilidad. El contraste es evidente: el expresidente Fernando Collor, en un proceso cuyo relator fue el propio Alexandre de Moraes no pasó un solo día en prisión y obtuvo arresto domiciliario por un problema de salud mucho menos grave.

Flávio Bolsonaro favorito en los sondeos

Flávio Bolsonaro, con apenas un mes de campaña, ya aparece por delante de Lula en diversas encuestas a pesar de que parte de la derecha aún no se ha sumado oficialmente. Ante este contexto, la preocupación por la seguridad personal del exmandatario es absolutamente legítima. Más si se toma en consideración que Iberoamérica tiene un largo historial de violencia política contra líderes de derecha, incluidos atentados recientes y tentativas de asesinato. Jair Bolsonaro fue condenado en un proceso plagado de irregularidades e injusticias flagrantes. «Le quieren matar e impedir que la libertad vuelva a Brasil, pero volverá de la mano de su hijo Flavio Bolsonaro», señala su equipo.

Recientemente la familia, así como el propio exmandatario, han recalcado que confían a Dios y siguen firmes en sus convicciones, confiados en que la verdad prevalecerá y que Brasil podrá retomar el camino de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.