El Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió el martes al Congreso una nueva prórroga al estado de excepción vigente en el país centroamericano. Todo ello con miras a seguir aplicando su política de enfrentamiento a las pandillas criminales que desde hace décadas hacen vida en la nación hispana.
De aprobarse esta nueva extensión El Salvador cumplirá en marzo próximo un año bajo este régimen especial que faculta con amplios poderes al Ejecutivo del país.
“Los resultados históricos obtenidos en materia de seguridad nos confirman que vamos por el camino correcto, transformando el país (…) Hemos cerrado enero como el mes menos violento”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al hacer la solicitud de la nueva prórroga al Parlamento salvadoreño.
El estado de excepción suspende el derecho a la libre asociación en el país, del mismo modo que faculta a las autoridades para detener a las personas sin informarle a las mismas el por qué de dichos procedimientos. También suspende el requisito de ley de que cada detenido cuente con derecho a un abogado, al tiempo que amplía los plazos de la prisión preventiva de 72 horas a 15 días y otorga la potestad al Estado de intervenir conversaciones telefónicas de los ciudadanos.
