El pasado lunes, tras casi cien tediosas jornadas de conversaciones, se firmó el Acuerdo por Chile que establece que el proceso constituyente continuará, luego de que la ciudadanía rechazara rotundamente la propuesta de la Convención Constitucional el pasado 4 de septiembre. Dicho texto —y todo el desarrollo de la Convención que estuvo aggiornado de polémicas, rencillas y cancelaciones— tiene su origen en otro acuerdo: el de «la paz social y la nueva Constitución». No obstante, este pacto no logró traer a Chile la paz prometida mientras que la anomia se profundizó. Por ello, es dable guardar reservas respecto de si el nuevo Acuerdo, en medio de un sistema político fragmentado y polarizado, logrará traer concordia al país.

El pasado 4 de septiembre, Chile se pronunció contundentemente contra la propuesta de nueva Constitución, pues el 62% de todo el padrón electoral (con voto obligatorio y una participación histórica) rechazó dicho proceso.

Y el fracaso de la Convención Constitucional fue también una derrota del gobierno de Gabriel Boric —quienes hicieron activa campaña por la opción Apruebo—, porque la ciudadanía no respaldó los ánimos octubristas. Es decir, los chilenos rechazaron la violencia y no aceptaron la fragmentación del país según políticas identitarias y post-identitarias, como tampoco ideologías que atentan contra la familia, la niñez, la dignidad, la libertad y la propiedad privada.

Sin embargo, el gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista, no se han dado por vencidos. Desde el Ejecutivo han impulsado sus aciagas políticas en el Congreso, como lo son la Reforma Tributaria y la Reforma de Pensiones.

De un lado, el gobierno y las izquierdas han insistido en que se debe realizar un cambio de Constitución. De otro, Chile Vamos y Amarillos se comprometieron, en aras de la estabilidad y concordia política, a encontrar un camino consensuado que culmine con una nueva Constitución. Por ello, distintas fuerzas políticas estuvieron negociando por casi cien días un nuevo proceso constituyente.

Por consiguiente, el Acuerdo por Chile estableció que el proceso constituyente continuará, y que en esta segunda etapa el órgano no se llamará Convención Constitucional sino que se denominará Consejo Constitucional.

Este órgano se compondrá de 50 miembros electos —elegidos con paridad tanto de entrada y de salida, es decir, se continúa con el vicio de no respetar la igualdad del voto—, quienes trabajarán sobre un anteproyecto presentado por 24 expertos que serán elegidos la mitad por la Cámara de Diputados y la otra por el Senado. Asimismo, se incluyen nuevamente escaños para indígenas supernumerarios, según el porcentaje de votación. Entre las reglas de este Consejo Constitucional se encuentra aprobar las normas con un quórum de tres quintos de los miembros en ejercicio.

Igualmente, se acordó que habrá un Comité Técnico de Admisibilidad integrado por 14 personas que cuenten con «trayectoria», elegidos por el Congreso, quienes tendrán la responsabilidad de revisar las normas aprobadas por el nuevo órgano constituyente.

Finalmente, la propuesta presentada por el Consejo Constitucional será ratificada en un plebiscito de salida con voto obligatorio.

No obstante, a pesar de los supuestos esfuerzos que hicieron las fuerzas políticas quienes establecieron 12 «bases constitucionales» las cuales el Consejo Constitucional deberá respetar —por ejemplo que Chile es una República democrática; que es un país unitario y descentralizado; que los emblemas nacionales son la bandera, el escudo y el himno nacional; que hay tres poderes separados e independientes; que Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida; entre otros—, claramente hay una evidente disputa en los significados de los significantes.

Esto se observa en lo que quedó establecido en el punto quinto de las 12 bases constitucionales, donde se sostiene que «Chile es un Estado social y democrático de Derecho». Si bien hay voces que sostienen que un Estado social puede dialogar con uno subsidiario, hay otras voces que advierten que dicho significante desplaza la noción de un Estado Subsidiario porque se apunta a más estatismo y menos iniciativa privada.

Por otro lado, tras el primer Acuerdo del 15 de noviembre de 2019, y después de la rueda de prensa, las fotos y las firmas de las figuras políticas de ese entonces —tal como ocurrió el pasado lunes—, la paz nunca llegó. De hecho, cada sector político volvió a sus trincheras, hubo una seguidilla de acusaciones constitucionales desde la oposición al gobierno de Sebastián Piñera —instalando un Parlamentarismo de facto—, y parte de las izquierdas validaron la violencia como praxis política. No cabe duda que el 18 de octubre de 2019 cambió radicalmente el modo de hacer política en Chile.

Y si bien, hoy un amplio espectro político considera que este nuevo acuerdo «es lo mejor para Chile», no es posible asegurar que las fuerzas políticas no vuelvan a sus trincheras, que no sigan con cancelaciones o que se jibarice la conflictividad.

De hecho, sectores radicales de las izquierdas ya han demostrado que no están conformes con el nuevo acuerdo, lo que nos abre paso a sostener que probablemente el nuevo proceso constituyente se realizará en un marco de tensiones y querellas políticas. Por tanto, es dable plantear la preocupación sobre si el acuerdo logrará cumplir su fin y si podrá sacar a Chile del espiral de incertidumbre, polarización y conflictividad por el que ha transitado estos últimos años. Esto pues, si hay algo que la izquierda frente amplista-comunista ha dejado claro es que una nueva Constitución debe plasmar un modelo estatal, económico y social de acuerdo a lo que ellos anhelan como país.

Por eso, desde la misma noche del plebiscito del 4 de septiembre, desde el presidente de la República hasta los intelectuales orgánicos referentes de la izquierda chilena adoptaron una actitud negacionista frente al rechazo ciudadano a la propuesta constitucional. De otro modo, la discusión constitucional no cesará, porque para un sector, hoy nada menos que gobernante, su modelo de país es intransable.

Los acuerdos son genuinos cuando el espíritu que lo funda se mantiene durante el tiempo y lo acordado se respeta. Por eso, el factor condicionante de este nuevo pacto constitucional no solo está en el resultado que se obtenga sino también en el modo que se desarrolle el proceso. De otro lado, dadas las nuevas urgencias y problemáticas que tienen los chilenos en el presente, es esperable que las fuerzas políticas avancen con el mismo ímpetu en llegar a reales acuerdos en materia de orden público, economía, o violencia que son temáticas reales que cada vez preocupan más a los chilenos. En esto, la iniciativa del gobierno y su presidente claramente tienen una deuda pendiente.