Ya van más de ocho meses desde que Gabriel Boric asumiera como presidente de Chile, labor por la que acumula una deplorable aprobación. Según la última encuesta de Cadem (27 noviembre), solo 29% aprueba su figura (-2 puntos) y 63% lo desaprueba (+2 puntos). Asimismo, en este sondeo el 72% de los encuestados afirmaron que Chile va por un mal rumbo, siendo el peor índice en esta materia desde que Boric llegó al Ejecutivo.
No obstante, estas evaluaciones no son baladíes, dado que la gestión de su gobierno no ha dado soluciones en delincuencia y ha fallado en temas de orden público. Del mismo modo, la ciudadanía aprecia inexperiencia para su cargo, sumado a sus constantes volteretas en distintos ámbitos, lo que explica su baja aprobación. Esto se suma al paro de camioneros que duró un poco más de una semana, lo que da cuenta de su baja aprobación popular.
Hace unas semanas, cuando el gobierno liderado por el Frente Amplio y el Partido Comunista anunció la agresiva Reforma de Pensiones —que entre medias verdades propone un sistema de reparto bajo el eufemismo de un sistema mixto—, la aprobación del presidente chileno aumentó algunos puntos, rompiendo la tendencia observada desde marzo.
Sin embargo, Boric y su gabinete han tomado medidas que han sido nocivas para el país y los chilenos.
Primero, en la visita que tuvo Boric la semana pasada a México —en el marco de una reunión de la Alianza del Pacífico que fue suspendida debido a la ausencia del mandatario peruano, ya que el Congreso de dicho país no lo autorizó asistir—, y mientras tuvo reuniones bilaterales junto a su par Andrés Manuel López Obrador, el presidente chileno anunció su intención de volver a activar UNASUR.
Recordemos que UNASUR es un organismo internacional creado por el dictador venezolano Hugo Chávez en 2008. De hecho, Chile se retiró de dicha institución en 2018, junto a otros siete países de la región por su ineficiencia e ideologización basada en un sentimiento “anti-imperialista” y “anti-americano”. Hoy solo está conformado por Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela.
Dicho anuncio se realizó mientras ocurría el delicado paro de camioneros, que duró un poco más de una semana. Dicha paralización se realizó debido a la falta de seguridad de los transportistas —quienes han sido víctimas de asaltos, robos y saqueos de sus cargas—, y el aumento de los combustibles debido a la inflación. Además, los camioneros solicitaban que el gobierno realmente trabaje en sus demandas, porque las distintas mesas de diálogo —realizadas desde marzo— no habían dado frutos, pues las promesas del gobierno no se han cumplido.
A pesar de lo anterior, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló el miércoles de la semana pasada que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, que tipifica delitos que atentan contra la soberanía nacional y la seguridad del Estado (ya sea al interior o al exterior), como también en materias del orden público, afectando las actividades nacionales. Esto presenta dos problemas: por un lado, mientras el transporte de alimentos y otros bienes se vio paralizado, la prioridad de Boric es activar UNASUR para continuar con una agenda ideológica de extrema izquierda en Latinoamérica. Por otro, para el 18-O cuando se necesitaba resguardar el orden público, la coalición ahora gobernante fue crítica de ello.
Asimismo, el gobierno se ha negado a decretar dicha ley en la macrozona sur de La Araucanía —todo de manera “acotada”—, donde la insurrección por grupos guerrilleros mapuches es incontrolable. Incluso se han negado desde el gobierno aplicar la Ley Antiterrorista a pesar de que Boric, en su visita a La Araucanía a mediados de noviembre, reconoció que han ocurrido “actos terroristas”, lo que le generó numerosas críticas porque no han sido unos actos aislados, sino que han sido acciones sistemáticas que han ido en aumento desde los noventa.
Con todo, y a pesar de que los camioneros fueron tachados de “descolgados”, el pasado lunes se llegó a un acuerdo junto al gobierno en el que se verían formas para evitar alzas al precio de los combustibles, un plan de resguardo con la policía chilena, Carabineros, para mejorar la seguridad en el trayecto norte del país (Arica a Coquimbo) y construir el próximo año seis zonas de descanso seguro para los transportistas.
Pero a pesar de lo anterior, el paro de camioneros es sintomático de lo que ocurre con la sociedad en general. Pues, tal como han ido recogiendo distintos sondeos de opinión, la figura de Gabriel Boric y su gestión no es bien evaluada por la ciudadanía.
Si bien el actual presidente chileno puede tratar de demostrar algo de cercanía con los chilenos —como andar en bicicleta cerca del palacio presidencial—, esto no repercute en una mejora en la percepción ciudadana. De hecho, todo lo contrario: demuestra la desconexión con la compleja realidad que vive Chile, las que hace unos años estaban bajo control como la economía, el desempleo, la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Además, hoy se suman una extrema polarización y una anomia que afecta la calidad de vida de los chilenos a un nivel material, espiritual y mentalmente.
Por ello, las expectativas del futuro del país se ven pesimistas/muy pesimistas según Cadem (47 pts), y la percepción del progreso económico se ve estancado y retrocediendo (90 pts).
Esto se condice justamente con la inflación acumulada en Chile interanual a octubre de 2022 que alcanzó el 11,4%. Esto ha afectado el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que han aumentado un 22% en sus precios con respecto al mismo periodo del año anterior. El transporte cuesta 20,5% más que en octubre de 2021; los costos asociados a hoteles, cafés y restaurantes aumentaron un 16,8%. El IPC en general se acrecentó en un 12,8% interanual; mientras que las bebidas alcohólicas y tabaco cuestan 10,9% más que hace un año.
Claramente, la rápida alza de los precios afecta las expectativas futuras del país y de las vidas individuales. Chile está dentro de las 10 economías de la OCDE que han presentado mayor aumento en los precios de los alimentos. Y, con todo, el gobierno ha puesto en agenda una Reforma Tributaria que va en la línea contraria de lo que el país necesita, porque no fomenta ni la inversión ni la creación de riqueza.
En definitiva, si bien Chile rechazó el abismo en el plebiscito de salida, el país sigue rodeado por las malas propuestas del gobierno, que insiste en instalar dichas políticas. Los actores políticos que no son de los partidos gobernantes tienen la responsabilidad de traer el péndulo hacia el sentido común, que promueva la dignidad, la libertad y el respeto a la propiedad privada, evitando caer en ideas populistas. Esto, claro, no se le puede pedir a las izquierdas —en especial la que representa el Frente Amplio y el Partido Comunista—, dado que son miopes por los defectuosos lentes que usan: su ideología colectivista, estatista, y antihumanista.
