El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el fin de las conversaciones de paz con tres grupos narcoterroristas. Las negociaciones habían sido iniciadas durante el Gobierno de su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro. El mandatario justificó la decisión al señalar que las mismas no han demostrado una voluntad real y verificable de abandonar la violencia, reincorporarse a la vida civil ni someterse seriamente a la justicia.

La medida fue formalizada mediante un conjunto de resoluciones expedidas el pasado viernes, con las que quedaron desactivadas las mesas de diálogo y fueron revocados los nombramientos de los representantes del Gobierno en dichas instancias, así como el reconocimiento de los delegados de los grupos armados.

Las disposiciones afectan al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), tal y como detalla EFE.

El EMBF formó parte del Estado Mayor Central, considerada la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero se separó de la misma en 2024. La CNEB, por su parte, surgió de una división de la Segunda Marquetalia (también de las FARC). Entretanto, las ACSN son señaladas como una organización paramilitar con presencia en la región de la Sierra Nevada, al norte del país.

«No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad. Se acabaron las mesas sin resultados y beneficios, sin que haya contraprestaciones reales», dijo el presidente colombiano al respecto.

En ese sentido, calificó los diálogos promovidos por Petro como una «claudicación del ejercicio de la soberanía en favor del narcotráfico y el terrorismo». El mandatario ha defendido una estrategia de mano dura contra el crimen, aseverando que los integrantes de estos grupos deben someterse a la justicia o afrontar la respuesta militar y policial del Estado.