La cúpula del régimen chavista ha reaccionado con rapidez al golpe judicial propinado desde Estados Unidos. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, proclamada ahora «presidenta encargada», ha designado una comisión de alto nivel con el objetivo explícito de intentar lograr la liberación del dictador Nicolás Maduro, detenido el pasado sábado durante una operación militar estadounidense.

El anuncio fue realizado por el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Náñez, tras la celebración del primer Consejo de Ministros encabezado por Rodríguez desde el Palacio de Miraflores. En esa reunión se acordó la creación de dos comisiones especiales, una de ellas centrada exclusivamente en la «liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores».

Según detalló Náñez en una comparecencia retransmitida por la televisión estatal VTV, la comisión estará integrada por figuras clave del aparato chavista: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Exteriores, Yvan Gil; la viceministra de Comunicación Internacional, Camilla Fabri; y el propio titular de Comunicación.

Se trata, en la práctica, de un frente político, diplomático y propagandístico destinado a cuestionar la legitimidad del proceso judicial abierto en Estados Unidos y a presionar en foros internacionales para frenar sus consecuencias.

Náñez aprovechó su intervención para ensalzar las movilizaciones organizadas por el chavismo tanto dentro como fuera de Venezuela, presentándolas como una expresión de «soberanía popular» frente a lo que calificó de agresión extranjera. «Nuestras calles se llenaron de pueblo y de banderas para exigir la liberación inmediata del presidente», afirmó, en un nuevo ejercicio de victimismo político.

El portavoz del régimen llegó incluso a advertir de que la detención de Maduro podría convertirse en un «precedente nefasto para el mundo», obviando los cargos que pesan sobre el dictador y el carácter criminal de su estructura de poder.

El anuncio de la comisión se produce pocas horas antes de que Maduro comparezca ante un tribunal federal de Nueva York para responder por graves cargos de conspiración narcoterrorista, según el Título 21, Sección 960a, del Código Penal de Estados Unidos. Un proceso que amenaza con desmantelar no sólo al líder chavista, sino a toda la red política y financiera que durante años ha sostenido al régimen.