El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, ha sido aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, apenas unos días después de que Estados Unidos le revocara el visado y lo acusara de corrupción y de favorecer a organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Mariaca fue interceptado junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, por agentes de Inteligencia cuando ambos llegaban desde Sucre para cumplir, según el Ministerio Público, con actividades de su agenda institucional.
A primera hora de este jueves, ni la Policía ni el Gobierno habían explicado públicamente qué delitos o investigación concreta motivaron las detenciones. Medios bolivianos apuntan a que ambos podrían ser trasladados a La Paz.
La Fiscalía denuncia un «secuestro»
La reacción del Ministerio Público ha sido inmediata. Portavoces de la Fiscalía General han denunciado públicamente el «secuestro» de Mariaca y sostienen que la actuación policial se realizó de manera «ilegal» y sin que se les hubiera mostrado una orden de aprehensión.
«No se está respetando la institucionalidad del Estado», afirmó la responsable de prensa de la Fiscalía, Claudia Pardo Moya, durante una transmisión difundida después de conocerse la operación. La institución aseguró además que Mariaca se encontraba retenido «de forma informal» en las instalaciones aeroportuarias. Mientras la Fiscalía denunciaba la situación, agentes policiales irrumpieron también en la sede central del Ministerio Público en Sucre.
En las imágenes difundidas por la propia institución podían verse efectivos con el rostro cubierto y chalecos de unidades de Inteligencia dentro del edificio. Los funcionarios denunciaron que miembros del personal estaban siendo retenidos y que los agentes pretendían trasladarlos ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
EEUU lo acusó de aceptar sobornos
La detención se produce apenas días después de que la Administración estadounidense incluyera a Mariaca entre varios altos cargos latinoamericanos sometidos a restricciones de visado.
Washington acusa al fiscal general boliviano de haber utilizado su cargo para «solicitar y aceptar sobornos» con el objetivo de facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a eludir la Justicia.
El Departamento de Estado considera que esas actuaciones habrían perjudicado los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico y debilitado las instituciones bolivianas. Las medidas afectaron también a otros funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Bolivia fue uno de los países con mayor número de personas señaladas en la ofensiva estadounidense contra funcionarios a los que Washington relaciona con corrupción, crimen organizado o actuaciones contrarias a las instituciones democráticas.
Mariaca negó las acusaciones
El fiscal general rechazó públicamente las acusaciones formuladas por Estados Unidos antes de su detención. Mariaca calificó las medidas de Washington como una forma de presión exterior y defendió su actuación al frente del Ministerio Público.
La propia agencia estatal boliviana ABI recogió su rechazo a los señalamientos sobre supuestos vínculos con la protección al narcotráfico El Gobierno del presidente Rodrigo Paz había reaccionado con cautela ante la decisión estadounidense.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó las acusaciones de «graves» y anunció que Bolivia solicitaría a Washington la documentación que sustentara las denuncias para determinar si correspondía abrir investigaciones internas. El Parlamento boliviano tiene previsto analizar también la información enviada por Estados Unidos y estudiar la eventual creación de una comisión de investigación.
Elegido durante la etapa dominada por el MAS
Mariaca fue elegido fiscal general en octubre de 2024 para un mandato de seis años. Su designación se produjo durante la anterior legislatura, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y Luis Arce todavía contaba con una posición dominante en el Parlamento boliviano. La operación policial de este miércoles no se ha limitado, además, a Mariaca y Zeballos.
Medios locales han informado posteriormente de la aprehensión de otros fiscales, entre ellos Julio César Porras, vinculado a investigaciones antidroga, y Martín Irusta, fiscal superior que anteriormente había trabajado como abogado del expresidente Evo Morales.
La magnitud del operativo y la intervención de dependencias de la Fiscalía apuntan a una actuación de mayor alcance, aunque las autoridades todavía no han hecho públicos los cargos concretos ni han aclarado si las detenciones guardan relación directa con las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
Por ahora, la única coincidencia confirmada es temporal: Mariaca ha sido detenido apenas días después de que Washington lo acusara públicamente de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, unas imputaciones que el fiscal general niega.
